Vecinos exigen a autoridades ejecutar soluciones integrales

Una multitudinaria concentración de paceños fustigó duramente la política gubernamental del agua, así como el pésimo desempeño de la intervención administrativa a la proveedora de agua potable. El cabildo se efectuó la tarde de ayer, en la plaza Mayor de San Francisco, a convocatoria de las representaciones cívicas y vecinales.

Con discursos y estribillos, la concurrencia al evento exigió soluciones y el alejamiento de la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira.

Para los vecinos, desde hace un mes, el acceso al líquido elemento es restringido a un horario y cronograma de distribución por barrios, pero que no acaba de ordenarse. Tampoco se encuentran las formas eficientes para llegar a la población menos protegida.

En encendidos discursos pronunciados por los dirigentes vecinales y cívicos paceños, el “cabildo por el agua” exigió la renuncia de la ministra de Medio Ambiente Agua y la atención a una agenda de nueve puntos prioritarios, referidos a las políticas de inversión en infraestructura hidráulica pública, además de la implementación de tecnologías efectivas.

El pronunciamiento público del Organismo y Control Social del municipio paceño señala que ante la crisis del agua, por efecto de la negligencia administrativa de Epsas y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Gobierno debe responder por el derecho humano al agua, tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE).

AGENDA DEL AGUA

El cabildo planteó la reformulación de Presupuesto General del Estado y frenar todos los proyectos que en el marco de la actual crisis del agua son innecesarios, para direccionar esos recursos a la perforación de pozos y plantas potabilizadoras de agua.

Asimismo, el “cabildo del agua” exigió suspender el programa “Evo Cumple” y destinar esos recursos a la perforación de pozos en todas las regiones afectadas por el fenómeno climatológico de El Niño, para que todas las zonas del país sean atendidas en el marco de un Plan de Emergencia.

Las representaciones vecinales exigieron también al Gobierno la rendición de cuentas por los recursos destinados al programa “Mi Agua I, II y III”, cuyo monto ascendería a 1.1 millones de dólares, que a la fecha no muestran resultados efectivos en beneficio de las comunidades más necesitadas.

El manifiesto público de los paceños exige también la eliminación de los dineros destinados a propaganda política que difunde el Ministerio de Comunicación, de modo que esos presupuestos sean destinados a la construcción de por lo menos una planta de tratamiento de aguas.

Por otra parte, las juntas de representación vecinal resolvieron que no se pagarán las facturas por el consumo de agua hasta que este recurso sea plenamente normalizado.

ACCIONES LEGALES

Las organizaciones vecinales plantearon el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de las autoridades del Estado, por poner en riesgo la vida de miles de ciudadanos bolivianos al permitir la distribución de agua insalubre en carros cisternas impregnados de carburantes.

Asimismo, se convocó a que todas las representaciones cívicas se sumen a las iniciativas ciudadanas que se movilicen, para exigir su derecho ciudadano de acceder al agua, así como toda medida que proponga acciones concretas orientadas a establecer responsabilidades y soluciones a la actual crisis del agua.

DEFENSA DE LA VIDA

En el marco de acalorados discursos, los dirigentes vecinales rechazaron toda intención de politización de la crisis del agua, el vicepresidente del Organismo de Control Social, Wáter Sempértegui, exhortó a las autoridades nacionales y municipales realizar un trabajo técnico efectivo, que supere las deficiencias de los cronogramas que a la fecha no se cumplen.

Por su parte, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, liderada por Edith Montenegro, exigió la implementación del cobro por el agua para la actividad minera que, a decir de la dirigente vecinal, esta es gratuita en beneficio de las concesiones mineras.

A su vez, el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), Benjamín Cáceres, deploró el accionar de las autoridades de Gobierno, señaló, además, que Epsas ha sido convertida en un botín político, entregando el trabajo técnico de alta responsabilidad a personas inadecuadas, por afinidad política.