Congreso de Brasil aprobó dos proyectos de alto voltaje para la crisis económica y política que golpea al país, que generaron duros enfrentamientos entre manifestantes y la Policía durante la tarde del martes.
El Senado dio luz verde con una abrumadora mayoría a la primera de las dos votaciones que requiere una reforma constitucional para congelar el gasto público por 20 años y la Cámara de Diputados hizo lo propio en la madrugada del miércoles, con un paquete anticorrupción que amenaza con agriar el enfrentamiento que mantiene con el Poder Judicial por el escándalo de sobornos en Petrobras.
Por 61 votos a favor y 14 en contra, la Cámara Alta dio al presidente conservador Michel Temer una noticia largamente esperada durante una jornada teñida por la violencia.
“Esta enmienda constitucional es fundamental para controlar el crecimiento del gasto público”, dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, un caudillo del PMDB de centroderecha que lidera Temer, antes de anunciar el resultado.
La reforma constitucional que pone “tope al gasto” es seguida de cerca por inversionistas y pretende abrir una era de austeridad en el Estado, en la que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.
El proyecto es una de las grandes apuestas del gobierno, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, para neutralizar el gigantesco déficit fiscal del país, previsto en unos 163.000 millones de reales en 2016 (unos 48.000 millones de dólares). en el entorno del 10% del PBI.
Katia Abreu, una disidente del oficialismo, que fue ministra de Agricultura, cree que el Parlamento está claudicando: “Estamos confesando al pueblo brasileño que no somos capaces de hacer un presupuesto razonable”, dijo.
Sindicatos, grupos de izquierda y estudiantes sostienen que el congelamiento afectará las áreas de salud y educación, y congregaron a unos 10.000 manifestantes para mostrar su descontento, según la estimación de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal.
Los activistas corearon “Fuera Temer”, lanzaron columnas de humo rojo y verde y volcaron vehículos frente a un cordón policial, que respondió con una lluvia de gases. Los enfrentamientos continuaron por la monumental explanada de los ministerios, donde hubo vidrios rotos, barricadas y vehículos incendiados.
Temer, que asumió el poder tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff (acusada de adulterar las cuentas públicas), prevé igualmente enviar al Congreso una reforma de las jubilaciones, que corre el riesgo de acentuar el malestar social.
Los diputados, a su vez, aprobaron en la madrugada del miércoles por 450 a favor, uno en contra y tres abstenciones una iniciativa contra la corrupción originalmente impulsada por los fiscales que investigan el escándalo de sobornos de Petrobras, que llegó al recinto apoyada por más de dos millones de firmas.
Paradójicamente, el proyecto sirvió para abrir la vía para una enmienda que permite castigar a jueces y fiscales por “abuso de autoridad”, una figura penal que cumplió “un anhelo del 98% de esta casa”, confesó un asesor jurídico partidario que trabajó en la propuesta.
“¿Cuántos de nosotros hemos tenido nuestras honras vilipendiadas? queremos acabar con ese empoderamiento absurdo que permite que se publique en las redes sociales que somos bandidos”, dijo el diputado Joao Alberto Fraga (DEM, derecha) en medio de los aplausos de sus pares.
Del otro lado, se paró Carlos Sampaio, una de las principales espadas del PSDB (centro) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso: “No es ahora ni en la madrugada que tenemos que votar esto”. Sus palabras fueron abucheadas en el recinto.
La iniciativa ya había mostrado su potencial de conflicto cuando la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, puso en negro sobre blanco su preocupación por un posible contraataque del Congreso, donde hay al menos medio centenar de investigados por el megaescándalo de Petrobras.
“Los jueces brasileños se convirtieron en blanco de ataques permanentes, de intentos de cercenar su actuación constitucional y, aún peor, se pretende incluso criminalizar sus acciones”, dijo en Brasilia.
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