Ligerezas y excesiva tolerancia con LaMia

Una vez más el país ingresa a un entredicho a nivel internacional por causa del infausto vuelo de la aeronáutica LaMia que la noche del pasado 28 de noviembre dio trágico fin a la vida de 71 personas, habiendo sobrevivido otras 6. Cualesquiera que sean las conclusiones de la investigación iniciada por Colombia -como escenario del hecho- y Brasil por el equipo Chapecoense y demás fallecidos de su nacionalidad, será difícil reponer una buena imagen del Estado Plurinacional de Bolivia.

Razones no faltarán al respecto por la ligereza de la funcionaria de Aasana, Santa Cruz, por autorizar el despegue de la nave siniestrada por motivaciones por ahora desconocidas. Por otra parte, llama la atención que el Director General de LaMia, Bolivia, tenga a su hijo como Director Nacional de Registro Aeronáutico de la DGAC, quien tuvo mucho que ver en la calificación y registro de la compañía cuestionada, a la que se autorizó nada menos que vuelos de pasajeros, carga y correo nacional e internacional. El desenlace de luto certifica una mala calificación.

Asimismo, sobre LaMia recae una confusa situación acerca de su origen e idoneidad. La matrícula es boliviana y el máximo ejecutivo venezolano -donde nació la empresa- dijo que no existe nexo ni relación con la sinónima de Bolivia. Sin embargo, este directivo fue quien tramitó el registro correspondiente en Bolivia en 2015. En menos de un año se obtuvo cuanto se quiso, mientras otras operadoras tramitan por años su registro.

Surge también la duda sobre si el piloto fallecido era al mismo tiempo accionista de LaMia, extremo que habría determinado la poca información al aeropuerto de Río Negro, Medellín, del peligro que atravesaba el vuelo. En los últimos minutos reportó “prioridad” de aterrizaje y no “emergencia”, como disponen los protocolos, y solo segundos antes del siniestro reportó falta de combustible y colapso electrónico, según uno de los ejecutivos del indicado aeropuerto. Se hace recaer la reticencia del piloto a las sanciones por carencia de combustible y porque el plan de vuelo fue anunciado a Río Negro desde Cobija y no de Santa Cruz, distancia que requería mayores previsiones.

A todo lo anterior viene a sumarse la posible insolvencia de LaMia para atender el resarcimiento a los deudos de los 71 fallecidos y 6 heridos y las cargas económicas que podrían revertir contra del Estado boliviano por la señalada situación deficitaria, ante la eventualidad de que la aseguradora no cumpla, lo que no sería raro. En lo general, resalta la falta de cuidado y prolijidad de las autoridades del país en la designación de los funcionarios en distintos niveles de la Administración Pública, improvisación o favoritismo que está trayendo graves desastres, como el del agua y ahora el presente caso, en el cual aparecen con vehementes indicios el tráfico de influencias o la alternativa de corrupción.