¿Inhabilitación de partidos políticos?

Hay preocupación en las fuerzas político-partidistas del país por diversas acciones que adopta el partido de gobierno con miras a inhabilitar a muchos dirigentes opositores. Se arguye una serie de motivos que, se sostiene, obligan a recurrir a la justicia con miras a descalificarlos al ser acusados de faltas o delitos que nunca se los ha comprobado.

Los caudillos o dirigentes políticos de la oposición expresan criterios dispares en contra de las políticas gubernamentales, critican la falta de gestión y la no realización de obras; lamentan que el régimen haya hecho gastos indebidos en obras suntuosas y en políticas que no correspondían; censuran las políticas económicas y lamentan que se haya dispuesto medidas sociales que en la realidad a nadie benefician.

Vivimos en democracia y, por principio, debe existir respeto para las entidades políticas que en esencia son instituciones del Estado y soportes del sistema democrático; tienen los mismos derechos que el partido de gobierno y deben contar con las debidas garantías para el ejercicio de sus labores de fiscalización; no pueden ser sujetos de persecución de ninguna clase y, si han cometido faltas o delitos, demostrarlos fehacientemente ante los tribunales imparciales de justicia y no ser, simplemente, blancos de fiscales que obedecen órdenes o instrucciones gubernamentales.

Los políticos que militan en la oposición, pese a no estar unidos y pretenden realizar campañas políticas en forma personal o en grupos de adherentes, tienen todo el derecho a promocionar proselitismos, criticar y aconsejar al gobierno, porque ellos, desde el llano que es la oposición, no pueden ni deben ignorar lo que ocurre en el país y, mucho menos, los yerros cometidos por las autoridades que han jurado servir al país y no servirse de él. Nadie, por poder que tenga, puede condenar ni descalificar a las organizaciones político-partidistas, mientras ellas se circunscriban a cumplir sus tareas y objetivos atenidos a la Constitución y a las leyes. Ellos, los dirigentes de partidos, son representantes del pueblo que no piensa ni siente igual que el partido de gobierno y que éste mismo.

Creer que los partidos de oposición son contrarios, rivales o enemigos del gobierno con miras a futuras elecciones, es un error, especialmente si el gobierno se atiene a los preceptos constitucionales y, además, es consciente de que el Referéndum del 21 de febrero ha expresado clara y terminantemente su oposición a nuevas re-re-relecciones para la presidencia y vicepresidencia de la República. Se dice, en niveles oficiales, que “habrá un nuevo referéndum para rectificar los resultados del 21 de febrero”; si ello ocurre debe ser en marcos de legalidad, respeto y consideración por el pueblo y por las organizaciones partidistas que, en su momento, puedan terciar o competir con el oficialismo. No se puede ni debe inhabilitar a políticos que lo único que hacen es ejercer sus derechos constitucionales.