Batalla legal sobre “brexit” espera fallo del Supremo

Londres.- La batalla legal para decidir quién tiene legitimidad para iniciar el “brexit”, el Gobierno o el Parlamento, concluyó ayer tras cuatro jornadas en el Tribunal Superior británico, que a principios del año entrante dictará una sentencia histórica que modificará el marco constitucional del Reino Unido.

El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, espera que la máxima instancia judicial británica revoque la decisión que tomó en noviembre el Tribunal Superior, que le obliga a pedir permiso al Parlamento antes de iniciar formalmente la salida de la Unión Europea.

Frente a los argumentos del Gobierno, abogados de diversos ciudadanos han sostenido que evitar un voto en la Cámara de los Comunes socavaría sus derechos constitucionales, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte han reclamado que sus Parlamentos autonómicos sean consultados antes de iniciar la ruptura.

Por primera vez, los once magistrados permanentes del Supremo evaluarán un caso que ha provocado un desacuerdo entre los expertos legales en el Reino Unido, un país que no cuenta con una Constitución escrita.

Los gobiernos regionales se sumaron en el Supremo a un proceso que se inició a raíz de la iniciativa de algunos ciudadanos, como la empresaria británica Gina Miller, cuyos abogados han argumentado que la salida de la UE implica que los británicos perderán las ventajas adquiridas en 1972 con la entrada en la Comunidad Económica Europea.

Esos derechos solo pueden ser revocados por el Parlamento, según los letrados, a quienes el Tribunal Superior ya dio la razón hace pocas semanas.

El Gobierno, en cambio, considera que el referéndum en el que el 51,9% de los votantes optó por el “brexit”, así como una antigua prerrogativa que le otorga poderes ejecutivos para tomar decisiones en nombre de la reina, jefa del Estado, son suficientes para activar el artículo 50.

Anticipándose a posibles críticas, el presidente del Tribunal Supremo, David Neuberger, recalcó al dar por concluida la cuarta y última sesión del proceso que los jueces no están valorando si “se da marcha atrás al resultado del referéndum”. (EFE)