Colectivo ciudadano pide frenar palacios e invertir en agua

Un colectivo de ciudadanos bolivianos e instituciones suscribieron una declaración en la que piden al gobierno de Evo Morales frenar la construcción de palacios y megaobras y, por el contrario, demandan invertir el dinero en la dotación de agua a los ciudadanos.

“Que se ponga fin a los gastos dispendiosos y exorbitantes en edificios estatales para la burocracia, seguridad, viajes y comodidades para la casta gobernante a costa de nuestros recursos, de nuestra vida y nuestra salud”, indica el documento que, entre otros, fue suscrito por el Cedib, Colectivo Casa, Akankiri, Icla de Fátima, Movimiento Tierra Activa Bolivia y Colectivo Territorios en Resistencia.

“Basta de invertir el dinero del pueblo en políticas y megaproyectos insostenibles ecológica y socialmente, poco transparentes, poco efectivos y con serios impactos en el ciclo del agua, los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas”, señalan los firmantes y mencionan entre ellos, la represa de El Bala-Chepete y el centro de investigación nuclear de El Alto.

“´(En lugar de esos gastos), exigimos invertir recursos y esfuerzos máximos en fortalecer el cuidado del ciclo del agua y una gestión pública del agua que sea responsable, eficiente, democrática, justa, participativa y libre de prebendalismo, nepotismo, corrupción y negligencia”, señala la declaración, que está fechada el 5 de diciembre.

Bolivia sufre este año una aguda sequía que ha dejado sin agua a comunidades y ciudades en diversos puntos del país. En el caso de La Paz, la crisis del agua ya data de hace más de un mes, desde cuando Epsas aplica un duro plan de racionamiento a 94 barrios porque las represas de abastecimiento estaban a punto de secarse. El plan consiste en dotar tres horas de agua por red cada tres días de corte.

Quienes se adhirieron al documento, además, piden la elaboración de una auditoría con veedores internacionales de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, a la Empresa Pública y Social del Agua y Saneamiento (Epsas), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y “al propio Estado en sus instancias con grados de responsabilidad sobre cómo se ha previsto, cómo se ha generado y cómo se ha respondido a esta crisis del agua”.

Los ciudadanos firmantes, finalmente, exigen “una reparación del Estado a la ciudadanía por el daño causado al no haber tomado las previsiones necesarias a pesar de tener conocimiento de la inminencia de una crisis, siendo que el agua es un derecho humano fundamentalísimo establecido en nuestra Constitución Política del Estado”.

El colectivo, que tiene 69 adhesiones, pide dar prioridad al cuidado de los bosques, contra su deforestación y cuidado de las fuentes de agua.