La corrupción en Bolivia ha llegado a niveles muy altos y ha pasado a formar parte de la vida cotidiana del ciudadano común, quien se siente impotente ante tal deterioro moral y material. Cada día se viene escuchando la palabra corrupción.
Nadie debe negar que la corrupción es uno de los más graves problemas que se tiene en nuestro país. Sus tentáculos son desmedidos, además del tráfico de influencias, la expansión del contrabando y el narcotráfico desde países fronterizos. Esta apreciación no se basa solo en encuestas realizadas, sino que es la percepción general y sobre todo constantes denuncias de hechos lo confirman. No hay esclarecimiento por un aparente encubrimiento y protección desde altos niveles de la administración pública y no se sanciona como mandan disposiciones legales vigentes.
Los involucrados en arbitrariedades incluso son premiados, siendo designados asesores o en cargos diplomáticos. Otro grave problema en la administración del Estado es la incapacidad de sus funcionarios, el autoritarismo y soberbia. Existe además hacinamiento, pues en oficinas de ministerios públicos hay un exagerado número de funcionarios, están dos y hasta tres personas en un escritorio. Muchos de ellos no tienen funciones y atribuciones claramente establecidas, pasando los trámites de un escritorio a otro para justificar la presencia de empleados.
La burocracia es exagerada. Cuando uno pide audiencia a los denominados MAE para hacer conocer o representar su situación, éstos siempre están muy ocupados o en reuniones fuera de oficina. La secretaria solicita, a veces sin respeto, que se pida audiencia por escrito, o esperar a que lo llamen algún día, que nunca llega. Al mismo tiempo, cuando se pregunta sobre en cuál instancia se encuentra el caso que a uno le atinge, le dicen que está en consideración y se espere una respuesta en otro día. No se aplica el Código de Ética, que seguramente no saben qué significa.
Se debe analizar el problema de la corrupción en Bolivia, para lo cual es importante por lo menos intentar desnudar las complejas redes que se construye en los ámbitos de poder o de empresas públicas, para servirse de la “cosa pública” en beneficio propio. El acoso laboral es constante, así ha sido, por ejemplo, en la ATT, donde un ex Director Ejecutivo ha despedido sin causa justificada a cerca de 80 funcionarios y a profesionales especializados en telecomunicaciones, con muchos años de servicio, con el propósito de estructurar una red burocrática, un círculo que controle discrecionalmente la entidad reguladora. Aquel ex Director fue sorprendido en hechos irregulares, fue destituido pero fue premiado con un elevado cargo jerárquico en otra repartición estatal. Así se tiene varios casos.
Sin duda, son muchos los factores que contribuyen a reforzar la incomodidad que siente la población, pero en gran medida esto está vinculado con la idea errónea que tienen algunos bolivianos, de mezclar las funciones de las autoridades públicas con relaciones familiares, de amistad o de negocio. Existe una cultura colectiva en Bolivia, de convertir a las instituciones del Estado en entidades rígidas, monolíticas, donde predomina un elevado espíritu de cuerpo, un alto grado de solidaridad y lealtades profundas entre quienes son autoridades, que se repite sistemáticamente en cualquier parte de la administración pública. A aquél que se atreva a desnudar ante la opinión pública los alcances y las dimensiones económicas de un delito, que abarca a estas redes burocráticas, prácticamente le espera el despido como castigo. Se convive con la corrupción. Finalmente todo es corrupción.
Existe una arraigada erudición basada en convertir los espacios de nivel ejecutivo de la Administración Pública en emporios privados, donde muchas veces prevalece el intercambio de favores. La relación jefe-empleado adquiere un sentido pernicioso, cuando se trata de sonsacar, bajo cualquier pretexto, recursos del Estado, por medio de compras, proyectos con sobreprecios, licitaciones dirigidas, invitaciones directas y tantas argucias.
Se ha olvidado aquel mensaje del que fuera Jefe de FSB y fundador del MAS, David Añez Pedraza: “La honestidad de los servidores públicos no se la compra ni se la vende, se la practica”.
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