A lo largo del año que acaba, el pueblo boliviano fue espectador asombrado por una serie de sucesos económicos, políticos y sociales, los mismos que revelaron deficiencias e irregularidades en los mecanismos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, al mismo tiempo, determinaron una serie de reacciones públicas protestando, por un lado, por lo sucedido y pidiendo, por otro, soluciones de urgencia.
La sucesión de hechos bochornosos e inclusive escandalosos empezó a principios de año con el “caso Zapata” y el hijo que se dijo tuvo para el presidente Evo Morales y siguió con la crisis del agua, y enseguida, el accidente de una empresa de aeronavegación nacional en Colombia con el trágico resultado de la muerte de 71 personas, drama doloroso de repercusión mundial.
Es más, ese rosario de sucesos provocó malestar general, en el que hicieron conocer su voz de indignación la opinión pública en general, entidades privadas, la prensa a todo nivel y, finalmente, miembros de Estado que, por su parte, se apresuraron en dictar medidas, confirmando, por declaraciones directas, que los mecanismos del Estado se encuentran en mal funcionamiento y que se debe adoptar urgentes fórmulas de solución.
Las reacciones más enérgicas sobre ese irregular estado de cosas provinieron principalmente de altos funcionarios del Estado, quienes admitieron errores y debilidades no solo a nivel inferior de la administración pública, sino en los ministerios que forman el gabinete del presidente Evo Morales. También expresaron su protesta “organizaciones sociales” y organismos afines al partido gobernante que anunciaron que elevarían su denuncias en el congreso del partido oficialista que se efectúa en Santa Cruz. A ese malestar se sumó la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) que afirmó que no asistiría a ese evento.
La crisis general provocada por las debilidades que enfrentan los resortes del Estado confirmó, en primer lugar, que se producen graves “errores y debilidades” en el gobierno por parte de altos funcionarios. Es más, los denunciantes plantearon la necesidad de un cambio de ministros, en particular los relacionados con la sequía, corrupción generalizada, pésima provisión de agua para La Paz y El alto y el accidente de aviación de la firma LaMia. Inclusive el segundo mandatario amenazó con “ajustar las clavijas” y un alto dirigente comunario remarcó que se debía proceder a una “purga” en la administración pública, donde se encuentran “traidores”, al extremo de que si no fuera así, en el referéndum de febrero pasado hubiese ganado la fórmula del Sí.
Las denuncias sobre pésimo funcionamiento del aparato burocrático llegan a los ministros del gabinete presidencial que es posible que en esta oportunidad sean removidos por otros que conozcan sus funciones y tengan reconocida idoneidad, pese a que a principios de año, el presidente Evo Morales afirmó que “confiaba” en sus ministros y no los cambiaba ya que se producirían desajustes y los nuevos anulan los planes de los ministros anteriores.
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