La carencia de agua en varios departamentos da lugar a que recién se establezca programas y préstamos que se hubieran realizado con miras a ultimar remedios para agua y riego. Un importante estudio revela, por ejemplo, que el Poder Legislativo habría estudiado y aprobado, entre 2008 y 2016, créditos recibidos por el gobierno de más de 1.000 millones de dólares. Los créditos procedentes de la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo que arrojan una cifra general de $us 1.176 y más de millones, destinados a labores de riego y provisión de agua a poblaciones del país, aún no se concretan pese a ser parte del tan publicitado programa “Mi agua” que podría tener prioritaria atención.
Investigados diferentes casos, se establece que programas diversos para el desarrollo no se han cumplido y ello obliga a que el gobierno, por su propia responsabilidad y por el derecho que tiene el país de conocer realidades, debería informar en forma pormenorizada sobre préstamos, donaciones o apoyos extranjeros que se hayan recibido en los últimos quince años para realizar obras de desarrollo y programas que permitan captar y distribuir agua no solamente para el consumo de la población sino para labores de riego de extensas zonas que, por falta del líquido, no producen los frutos que estaban acostumbradas a dar desde hace mucho tiempo.
La carencia de agua en el país, especialmente en el departamento de La Paz, ha causado trastornos que difícilmente podrán remediarse en el curso de los próximos dos años, así se realicen las inversiones que son absolutamente necesarias y que deberían ser prioritarias para cualquier proyecto que tenga el gobierno. Creer que el problema del agua será solucionado tan solo con la apertura de pozos artesanales o desvío de algunos ríos pequeños hacia centros poblados, es una simple utopía o son anuncios demagógicos que, de concretarse, será en mucho tiempo.
Hay muchas tierras abandonadas, especialmente en la región occidental del país, que el gobierno debería encarar con prontitud y hacerlo aprovechando la influencia que el partido de gobierno cree tener en el sector campesino para que miles de ellos retornen a sus tierras con miras a volver a producir lo que hace varios años han abandonado. El campo, mejor dicho las zonas rurales de La Paz, Oruro y Potosí están completamente abandonadas no sólo por falta de agua para riego, sino por causa del minifundio que ha creado condiciones arbitrarias para que el campesino pueda cumplir con sus labores y emigre hacia centros poblados en busca de mejores condiciones de vida.
Si realmente los créditos tramitados ante la CAF y el BID se pueden concretar, es urgente que se sepa qué destino tendrán, dónde se aplicará medidas inmediatas para construir represas y captación de agua; lógicamente que, en forma previa, se debe realizar los estudios pertinentes y no hacer una distribución graciosa entre dirigentes del agro, como ha ocurrido con dineros entregados al Fondioc y otros proyectos.
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