Morir en las cárceles

En dos semanas se registraron 4 muertes violentas en cárceles del país. José Luis Choque -padre de la niña Abigail, torturada cruelmente por éste y su madrastra- murió el da 14 de los corrientes por traumatismo cráneo encefálico, después de haber sido intervenido en el Hospital de Clínicas, lesión ocasionada por los propios reos del penal de San Pedro. Antes de 48 horas otro reo fue encontrado ahorcado en su celda en el mismo penal. Una semana antes un interno de Chonchocoro fue asesinado con 18 heridas punzo-cortantes inferidas también por reos, mientras otro falleció por presunto auto colgamiento.

El caso de mayor impacto es del padre de la niña mártir, quien, encontrándose descansando en la Posta Sanitaria del recinto, fue objeto de brutal agresión de algunos detenidos hasta dejarlo malherido e inconsciente. Este hecho -que no es el primero, ni será el último en el interior de las cárceles del país- es un crimen que no se justifica, aunque la víctima sea autor de la muerte de su hija menor de 7 años. Llama poderosamente la atención que los reos gocen de libertad absoluta de movimiento dentro del recinto, de noche, y que ninguna guardia ni vigilancia impida semejantes actos, precisamente donde la vida y la seguridad deben ser mejor garantizadas por la Policía, organización cuya función es preservar de toda contingencia a estantes y habitantes, bajo inmediata dependencia del Ministerio de Gobierno y de sus mandos superiores.

El Fiscal General pidió un informe inmediato al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y éste lo derivó a la Dirección de Régimen Penitenciario. Sobre el asesinato del detenido en Chonchocoro, el ministro Carlos Romero anunció que los autores sufrirán “todo el peso de la ley”. Sin duda los homólogos de San Pedro cayeron sobre Choque con todo el peso de su propia ley, pero no la del Estado y con más prontitud que éste, mecanismo de ajusticiamiento que no debe volver a realizarse.

Las cárceles tienen que ver con la preservación y protección social que el Estado debe brindar a la sociedad y para ello no debe eludirse ninguna previsión y acción que, en la materia, corresponde a la Policía Nacional y las autoridades del Gobierno. Los 4 casos mencionados tienen una larga secuencia de antecedentes iguales o aún peores. Las cárceles del país no son tales y parecen más colonias de vacaciones para los reclusos por el libertinaje que ofrecen no solo a sus inmediatos custodios sino a todo el colectivo social. Los reos rematados -pocos por cierto- y los detenidos preventivos se dan modos para la posesión de diversidad de armas, alcohol, drogas que, inclusive, las distribuyen dentro y fuera de los muros y son frecuentados por meretrices.

Desde los penales se dirige una gama de atentados contra la propiedad, los bienes y la vida de los ciudadanos, trata y tráfico y un abundante etcétera. El soborno mayor y el ínfimo permiten todo ese comercio y facilitan el verdadero poder carcelario. Por supuesto, en dichas condiciones el incremento delictivo está alentado y también la casi impunidad descrita.