Investigación oficial caso LAMIA
El Gobierno sospecha de presunto tráfico de influencias de las máximas exautoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Augusto Varela y de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Gral. (r) Tito Gandarillas en la tramitación y aprobación de la licencia otorgada a la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (LAMIA) para operar en Bolivia a partir de julio de 2015. En este sentido el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, presentó ayer el informe final sobre el fatal accidente ocurrido el pasado 28 de noviembre en Colombia y que cobró la vida de 71 personas.
RESPONSABILIDADES
Dijo que la investigación concluyó que los únicos responsables del accidente aéreo, fueron el piloto de la aeronave, Miguel Quiroga Murakami, quien falleció en el siniestro y la propia empresa que fue conformada en Bolivia en 2014 con un capital de 150.000 bolivianos.
A pesar del trágico suceso y golpe a la aeronáutica nacional, Claros fue contundente también cuando aseguró que “Bolivia no tiene ningún riesgo de descertificación” aeroportuaria ya que es un tema exclusivamente aislado y fue producto de una “cadena de errores”, dijo.
EMPRESA Y PILOTO
“Verificado toda la parte documental en lo que corresponde a la línea aérea y el plan de vuelo, está claro y habiendo revisado nuestras normativas en el ámbito de nuestras competencias, la responsabilidad directa es de la empresa LAMIA y el piloto en todo este suceso trágico”, sentenció el ministro Claros, al término de una conferencia de prensa que ofreció junto al director general de Transporte Aéreo, Chistian Rocabado Goitia, la directora general de Asuntos Jurídicos, Lenny Roxana Cáceres Frías y el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, además del director de la Unidad de Transparencia, además del excontralor, Gabriel Herbas, para informar las conclusiones a las que llegó la investigación que promovió hace un poco más de tres semanas sobre el accidente aéreo.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Del mismo modo, reconoció que las exautoridades de la DGAC y AASANA, Varela y Gandarillas, respectivamente, no solo fueron sometidos a un sumario interno dentro el Ministerio, sino que decidieron ampliar en su contra una querella penal, similar al que se abrió para sancionar, drásticamente, a Gustavo Vargas Gamboa, gerente de la empresa LAMIA, actualmente detenido en el penal de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y su hijo de nombre, Gustavo Steven Vargas Villegas, quien desempeñó el cargo de Director Nacional de Registro Aeronáutico Nacional, un puesto jerárquico en la DGAC. El hijo del director gerente de la aerolínea, está también detenido en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
VIOLACIÓN DE LA LEY
Varela deberá responder a la ley, por no “haber denunciado posibles hechos delictivos referentes al posible conflicto de intereses suscitado entre Gustavo Steven Vargas Villegas ex director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC y Gustavo Vargas Gamboa, director general de la empresa LAMIA Corporation S.R.L.”, reza parte de la resolución administrativa por el cual se inició, en su contra, un proceso interno al alcance del Artículo 232 y numerales 1 y 2 del Artículo 235, ambos de la Constitución Política del Estado.
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