La decisión de un pueblo por medio del voto en un proceso electoral es sagrado y, por tanto, inviolable. Su desconocimiento es de resultados mortales. No solo es un principio en sí mismo, sino es una resolución irrevocable convertida en ley histórica, nacida y confirmada a través de hechos a lo largo de la vida de las naciones.
Al respecto, el congreso del partido oficialista de Montero, guiado por emociones empíricas acaba de caer en un error aberrante, es decir desconocer dicha ley inexorable sobre la voluntad del Soberano. No tomó en cuenta que la ley es dura, pero se cumple.
Esa aprobación de echar por los suelos el resultado del referéndum de febrero adquiere mayor magnitud al ignorar un hecho indiscutible: el triunfo del NO sobre una posición prorroguista, inconstitucional a todas luces.
Existe un hecho categórico en dicho referéndum: que el voto popular se produjo a favor del NO con absoluta conciencia y espontaneidad popular y contra viento y marea de una gigantesca campaña oficial en sentido contrario. En efecto, mientras el pueblo tomó la firme decisión de votar por el NO, sin tener en cuenta instrucciones partidarias de ninguna naturaleza (que, por lo demás estuvieron ausentes), sin gastar ni un centavo ni disponer de aparatos publicitarios, el gobierno hizo uso y abuso de aparatos de prensa de todo tipo, de todo el poder político del Estado y caudalosos recursos financieros que derrochó en forma ostensible, creyendo, en esa forma, que iba a conseguir el SÍ, táctica que por sus premisas fue un error.
Para ese referéndum, la relación de fuerzas en la política nacional había cambiado en absoluto, en comparación a eventos anteriores. Y ese cambio no se debió, ni mucho menos, a algún incidente secundario (como el caso Zapata), sino fue determinado por el cambio de la relación de fuerzas en el proceso histórico que se desarrolla en el país, que ya había dado un giro de 180 grados. Se debe recordar al respecto que el desarrollo histórico es independiente en absoluto de la voluntad de los individuos, vale decir que con o sin el “caso Zapata”, los resultados habrían sido los mismos.
La historia y los actos modelan las leyes, entre ellos el respeto al sagrado voto popular. Lo confirman los hechos. Basta recordar el desconocimiento de las elecciones de 1951 que, al tratar de salvar al gobierno del naufragio, provocó como reacción lógica la indignación de la opinión pública. Y como ese régimen insistió en el error y no lo corrigió a tiempo, determinó como efecto lógico la insurrección popular de abril de 1952, es decir que sin la causa no se hubiese producido el efecto. La mala causa de desconocer las leyes de la sociedad puso de pie la sagrada voluntad del pueblo y, parafraseando una sentencia de Franz Tamayo, “Nadie es impunemente poderoso”.
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