Repostaje de “El Nuevo Herald” y Universidad de Columbia
“Estados Unidos se ha convertido en un refugio seguro para políticos y hombres de negocios adinerados sospechosos de corrupción en sus países de origen. Aquí su fortuna e influencia los protege de ser arrestados”, así comienza el reportaje publicado en el periódico El Nuevo Herald de Estados Unidos que cita a dos personajes: el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzain (MNR), ambos acusados en Bolivia de genocidio y delitos de lesa humanidad.
El medio estadounidense publicó una investigación hecha por ProPublica, en conjunción con el Centro Stabile de Periodismo Investigativo de la Universidad de Columbia, que “ha revelado que funcionarios que huyen de ser juzgados” en sus países de origen, en este caso, Bolivia y “han encontrado refugio para sí mismos y para su fortuna en este país – el sur de la Florida es una de sus ubicaciones preferidas– aprovechando tanto un relajamiento en el cumplimiento de las leyes de EEUU como lagunas jurídicas en las regulaciones migratorias y financieras. Muchos han ocultado sus activos y sus compras de bienes raíces por medio de crear fideicomisos y compañías de responsabilidad limitada a nombre de sus abogados y familiares”.
La nota del periódico estadounidense señala que ambas exautoridades bolivianas fueron protagonistas de la masacre de Octubre de 2003 y están acusadas de corrupción por los gastos reservados y desfalco de recursos públicos, pero en el país del norte se los protege por su dinero e influencia.
Según la publicación, Sánchez de Lozada se fue a vivir a un elegante suburbio de Washington en una casa de ladrillo de dos pisos que fue adquirida por 1,4 millones de dólares.
La casa de “Goni” fue comprada por una compañía llamada Macalester Limited, que se formó en las Islas Vírgenes Británicas y cuya dirección postal principal es de las Bahamas, ambos lugares conocidos por ser “paraísos fiscales”.
El estatus de inmigración de Sánchez de Lozada no está claro. Él dijo en una deposición jurada en el 2015 que él no era ciudadano estadounidense. Su yerno, quien habló con ProPublica a nombre suyo, no quiso decir si Sánchez de Lozada había solicitado asilo.
Por su lado, Sánchez Berzain, también conocido como el “Zorro” en Bolivia, aparece junto a su cuñado como propietarios, directivos o miembros de entidades de negocios que controlan propiedades inmobiliarias en Miami por un valor de unos 9 millones de dólares, de acuerdo con el Nuevo Herald.
El periódico señala que en una entrevista Sánchez Berzain dijo que no tenía compañías, pero a preguntársele sobre varias de las empresas asociadas con su nombre, el exministro aclaró que tenía una firma de consultoría que ayudaba a sus clientes a establecer compañías, y que a veces ellos añadían su nombre a la junta directiva de las mismas.
“Los dos hombres huyeron a Estados Unidos, donde residen hasta el momento. En el 2006, Sánchez Berzain solicitó asilo político, el cual recibió en el 2007. En su solicitud, donde el formulario le preguntaba: “¿Ha sido usted o algún miembro de su familia acusado, encausado, arrestado, detenido, interrogado, hallado culpable y sentenciado, o preso en algún país que no sea Estados Unidos?”, Sánchez Berzain marcó la casilla que indicaba “no”, aun cuando en ese momento tanto él como Sánchez de Lozada habían sido acusados formalmente de genocidio por la Fiscalía General de Bolivia. El encausamiento fue aprobado por la Corte Suprema de Bolivia en el 2007. Asimismo, Sánchez Berzain afirmó en su solicitud que el Departamento de Estado había hecho los arreglos para su viaje a Estados Unidos”, dice parte del reportaje.
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