Ha sido inusitada la declaración del partido de gobierno sobre la existencia al menos de “ocho puertas” para habilitar al actual presidente como candidato para las elecciones generales de 2019. Entre ellas se habla de una nueva convocatoria a referéndum, recojo de firmas, postulación de un otro a la presidencia paralela a la postulación del actual mandatario a la vicepresidencia, para no contar su mandato como segunda gestión, así como una amañada “interpretación” del TCP sobre la jerarquía de los Derechos de la persona, etc. Es decir que hay un arbitrario intento de lograr su propósito por la vía constitucional.
Esta actitud nos revela una increíble liberalidad en el manoseo constitucional y un categórico menosprecio por el acatamiento de nuestra CPE, ya reformulada y vigente por el propio Estado plurinacional -oleada y sacramentada-, que impide la posibilidad de su habilitación presidencial, de acuerdo con el referendo del 21 de febrero pasado, que ratifica el Art.168 para un segundo mandato, anulando expresamente un tercer periodo o más, por no existir ningún asidero legal válido. Por ello subsiste definitivamente solo una “puerta” legal, que es el acatamiento constitucional.
Al presente, en su habitual política inestable e inconstante, inicia una inusitada y atropellada campaña, a través de cumbres, congresos y otros circunloquios, para ¡reelección! del “líder” a través del intento de una nueva reforma parcial de la CPE, aumentando a dos el número de reelecciones consecutivas permitidas, en lugar de una, como hasta ahora, que elude además la convocatoria impuesta por la carta a una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria activada por voluntad y mayoría popular para su concretización, que en el presente caso ya se manifestó concluyentemente por el “no” mayúsculo y rotundo.
Sin embargo nuevamente se observa abuso y la sinrazón en la postulación de un cuarto periodo de gobierno, apoyado en “argumentos” políticos hormonales, antes que jurídicos, afectando inevitablemente a bases fundamentales, derechos, deberes y garantías ciudadanas, así como a la primacía y reforma señaladas en la propia Constitución, en una suerte de burlar la Ley para servirse de sus vacíos de forma aparentemente legal. Todo por iniciativa de su entorno presidencial, ¡cuándo no!, que decidió habilitar al “jefe” para postularlo por tercera vez y punto, admitiendo además que se mintió a los opositores, es decir toda una falacia prevista y dispuesta de quien prefiere las “urnas a las armas”.
En el momento la situación toma un sesgo desagradable; el Presidente y el Vicepresidente en especial confirman sus propósitos de que están dispuestos a imponer todas las acciones legales e ilegales, legítimas e ilegítimas para asegurar su reelección, es decir hacer o dejar hacer todo lo que sea necesario para conseguir sus objetivos.
En conclusiones, de tal situación que vivimos hoy se puede rescatar la lección de que si bien en el país ha existido una variabilidad en constituciones anteriores, sus motivos han sido siempre esencialmente políticos. Cada Constitución representa a un caudillo, a un partido o a una bandera de agitación y de violencia, hoy en los mal llamados “movimientos sociales”, a través de barricadas, marchas, cumbres, etc.; jamás para modificaciones de la estructura económico-social en beneficio del país.
Hoy el “partido único” es un rasgo típico de los regímenes totalitarios, que se distingue por reunir a los epígonos y adláteres de cualquier color más fieles a la causa, formando un círculo cerrado, confundiéndose primero con el gobierno para luego convencerle de que es el Estado mismo en una concentración de dominio y prerrogativas para provecho propio, quedando supeditado todo hoy bajo el poncho que se enseñorea de los tres poderes.
Pero, definitivamente, la democracia y el respeto Constitucional seguirán siendo el procedimiento racional para el gobierno libre de los pueblos, aseveraba el compatriota Círo Félix Trigo, emérito catedrático constitucional de la UMSA, “…desechando elementos que conspiran contra su implantación o adulteran como al presente la recta aplicación de una pedagogía Constitucional y ética colectiva capaces de crear un clima psicológico propicio al ejercicio del gobierno del pueblo por la mayoría popular”.
El autor es abogado.
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