Cristian Alejandro Arraya Flores
Tristemente durante este año pudimos ver que la situación comercial con Chile está en caída, no sólo por las trabas que existen en el momento de realizar actividades de comercio exterior, que a su vez generan pérdidas económicas millonarias a los importadores y exportadores bolivianos y de forma general a nuestro Estado como tal. Por el lado boliviano hay muchos puntos aún por trabajar y mejorar, como, por ejemplo, el estado de nuestras carreteras, la inadecuada tecnología, poca accesibilidad a la información constante en nuestras fronteras, como en Tambo Quemado y Pisiga, problemas que, sumados a la mala relación política actual, dificultan aún más las operaciones de nuestro comercio exterior.
De igual manera, el Gobierno chileno no cumple con los acuerdos y tratados firmados en beneficio del libre tránsito comercial, como el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, que en su artículo 6º establece que “Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y el acceso a los puertos en el Pacífico”. Pero ha quedado demostrado que en los últimos años Chile no ha respetado este tratado, provocando malestar en los usuarios de comercio.
No debemos olvidar que las exportaciones bolivianas, en relación con el último año, disminuyeron en un 37% y en gran parte el Gobierno chileno es culpable de esta caída económica. En esta gestión hubo muchos paros por parte de la Aduana Chilena y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), tres para ser exactos, que ocasionaron una pérdida de entre 5 a 7 millones de dólares por día, solamente en el sector del transporte, perjudicando de esta forma la estabilidad laboral del sector y el crecimiento económico del país, al generar una fila de 400 medios de carga (camiones) varados en la frontera boliviana, sin considerar el tipo de mercancía que se transporta, siendo muchas veces productos perecederos.
Ante esta situación surgen las preguntas: ¿Dónde queda el libre tránsito internacional? ¿Dónde queda la Convención sobre Tráfico Comercial de 1912?, que además reglamenta en sus aspectos operativos al anterior tratado. ¿Se cumplen los tratados y acuerdos legalmente vigentes entre ambos países? Dejamos las respuestas a criterio de cada lector. Por otra parte debemos sumar también los problemas que trajo consigo la privatización del puerto de Arica, ya que, para citar algunos, crea demora en los trámites y genera altos costos. Hay una apertura de contenedores y escaneo de la mercadería misma, que está prohibida según la Declaración de Arica de 1953, que indica: “toda clase de carga, sin excepción alguna, en tránsito por territorio chileno de o para Bolivia, se halla sujeta a la jurisdicción y competencia exclusiva de las autoridades aduaneras bolivianas”.
Fueron creadas normas unilaterales interpuestas a la carga boliviana, se prohíbe a los transportistas bolivianos llevar carga de ultramar a extrapuerto y recoger contenedores vacíos para consolidar nuevas cargas y se exige a las empresas internacionales de carga contratar representantes legales chilenos, entre otros.
Estas son algunas observaciones que forman parte del abuso, de la falta de cumplimiento de los tratados y acuerdos vigentes hace más de un centenar de años.
En otras palabras, se puede decir que todos los problemas enunciados en esta nota son de mucha importancia, debiendo ser tomados muy en cuenta para poder subsanarlos y, de esta forma, fortalecer nuestra economía. Este es un tema muy importante, al tratarse de nuestras fronteras y su respectivo control aduanero. Los problemas mencionados nos impiden actualmente obtener una recaudación aduanera mucho más significativa, una mayor integración entre nuestros pueblos y un comercio exterior más fluido.
A tiempo de terminar, quiero expresar mis deseos de mejora en la situación de libre tránsito aduanero internacional que autoridades bolivianas y chilenas deberían exigir y hacer cumplir los tratados y acuerdos suscritos entre ambos países, para que así mejoren nuestras importaciones, exportaciones y todo el comercio exterior y de forma general el Estado, como actor fundamental del crecimiento de nuestra economía.
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