¿Medidas cautelares en vez de Control Político?

Cuando la colectividad nacional ve situaciones en las que existe persecución a la política partidista o, directamente o no, se induce a personas que no están de acuerdo con el régimen a que abandonen el país y, muchas veces, se ve casos en los que las fiscalías adoptan la posición que era característica del antiguo “Control Político” creado por el Dr. Víctor Paz Estenssoro durante su gobierno de facto (1952 a 1956), con la colaboración de un coronel de carabineros chileno y del general boliviano Claudio San Román, quienes han sido testigos de esas políticas que implicaban persecución a toda persona que no comulgaba con el gobierno, sienten que se repite ese modo de perseguir a los ciudadanos.

Muchas veces en la historia política del país se ha tenido que confrontar posiciones y situaciones en las que quien tenía el gobierno de la República en forma legal o ilegal, recurrió a organizar y mantener grupos de áulicos dispuestos a todo en contra de quienes no apoyaban al régimen. Ese modo adverso a todo derecho humano se practica en el presente con adoptar medidas cautelares contra quienes se dice tienen cuentas con la justicia, las cuales son, realmente, medidas punitivas en contra de políticos que no piensan ni sienten como el gobierno y su partido. Estos casos son deplorables y los ejemplos abundan con el caso El Porvenir que ya lleva muchos años sin resolverse, los casos de exiliados y, más grave, aquellos que se han visto obligados a abandonar el país por el temor a ser apresados y colocados en manos de los tribunales para que mediante medidas cautelares, se los tenga indefinidamente en las cárceles.

El problema es grave; es, además, visto desde todo punto de vista, contrario al propio gobierno porque tanto la opinión pública nacional como la internacional, juzgan al gobierno por esa especie de “fiscalato” (término creado por el ingenio popular para calificar la acción de fiscales) que se ejercita contra ciertos o supuestos opositores. Para los partidos de oposición resulta imposible desenvolverse en actividades proselitistas por miedo o temores muy bien fundados de ser acusados como “vendepatrias”, “neoliberales”, “demagogos”, “enemigos del régimen”, “complotadores”, “traidores a la patria” y muchos otros calificativos que nada tienen que ver con la realidad. El mismo caso de los medios de comunicación calificados como “cárteles de la mentira” es ofensivo y vergonzoso para las víctimas (medios y periodistas) y para el propio gobierno.

No se debe concebir una vida política sin marcos de respeto, consideración y sin apego debido a las leyes, si existe una especie de “Control Político” sobre todo lo que hacen quienes no concuerdan con el gobierno, aunque esa no concordancia está acorde con la misma Constitución y las leyes; es decir, que no está en contra de la legalidad y es un derecho constitucional del cual no se puede privar a las personas mientras no vulneren la Carta Magna ni las leyes, no atenten contra el orden legalmente constituido y no realicen actos contrarios al bien común. Es preciso, pues, que haya concordancia, respeto y consideración entre el gobierno y los partidos políticos de oposición.