Retardación de justicia
• Caso Zapata, caso Doria Medina y caso LaMia solo son una muestra de los interminables procesos que toda la ciudadanía debe soportar durante años
La retardación de justicia en Bolivia se evidencia cada día con las constantes suspensiones de audiencias. Tanto jueces, fiscales como abogados siempre tienen algún recursos o argumento para postergar y dilatar los casos. Solo como muestra, el jueves de la pasada semana, se suspendieron tres audiencias de los denominados “casos bullados”.
CASO ZAPATA
El caso Zapata volvió a juzgados luego de un par de meses de silencio. La audiencia de cesación a la detención preventiva de la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, hoy recluida en el penal femenino de Miraflores, se suspendió porque faltó resolver una resolución de apelación.
El fallo lo determinó el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer tomando en cuenta una anterior apelación presentada por la defensa.
”Mientras no se resuelva el recurso de apelación planteada por la defensa de la señora Gabriela Zapata, se suspende la audiencia, ya que la autoridad jurisdiccional no podría ingresar en contradicción con sus resoluciones”, informó a ABI el fiscal Daniel Ayala.
Los abogados de Zapata plantearon que la exgerente de la empresa china Camc Eng. Co. sea liberada para asumir su defensa en el caso de enriquecimiento ilícito y otros.
CASO LAMIA
Una segunda suspensión judicial se dio en la Sala Penal Tercera donde la audiencia de apelación fue retirada por la defensa del exdirector de Registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas, implicado en el caso LaMia.
“La Sala Penal Tercera suspendió la audiencia porque retiramos la apelación por estrategia jurídica de la defensa que presenta un recurso de cesación de detención preventiva para mi cliente y asuma defensa en libertad”, explicó el abogado de Vargas, Milton Andrade.
Vargas Villegas es señalado por el Gobierno de haber favorecido a la línea aérea LaMia de la cual es gerente Gustavo Vargas Gamboa, militar en retiro hoy detenido preventivo en Palmasola de Santa Cruz.
El Ministerio de Obras Públicas lanzó la campaña para responsabilizar del siniestro aéreo del 28 de noviembre pasado cerca de Medellín, a los ejecutivos de LaMia, el piloto que falleció en el accidente Miguel Quiroga, además de verificar las relaciones y el proceso de autorización de operaciones en la DGAC y AASANA.
Vargas Villegas volvió a reiterar que nunca tuvo potestad en aprobación administrativa alguna. La certificación a LaMaia no era su competencia, afirmó al defensa del sindicado.
CASO FOCAS
Finalmente, la audiencia de amparo constitucional del caso FOCAS, en el cual el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) involucró al jefe opositor Samuel Doria Medina, también se suspendió por disidencia de votos de los vocales de la Sala Penal Primera de turno del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ).
Al existir diferencia de criterios entre los vocales Sandra Molina y Hugo Córdoba, el caso pasó a conocimiento del vocal Natalio Tarifa, según explicó la propia representante de dicho juzgado.
La audiencia fue reprogramada hasta el 27 de diciembre, mientras el caso que radica en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre recién será retomado en enero luego dela vacación judicial colectiva.
A diferencia de los anteriores sindicados en los casos Zapata y LaMia, al líder de Unidad Nacional (UN) todavía no se le dictó detención preventiva en el penal de San Pedro, tal como pidió el Ministerio Público que lleva el caso por la derivación de 21 millones de dólares de la condonación de deuda bilateral con EEUU a una entidad privada FundaPro en 1992.
La prescripción de la causa y el pago de todos los recursos al Estado, incluidos los intereses, parecen insuficientes argumentos de defensa para la Fiscalía que aún no define la figura penal para atacar a Doria Medina y otras exautoridades.
La retardación procesal, con las contantes suspensiones de audiencias, sumada a la excesiva cantidad de detenidos preventivos en las cárceles del país, que ronda el 80 por ciento, son problemas que el sistema judicial boliviano no ha podido superar hasta la fecha pese a las “políticas estatales” y las “cumbres sociales” de los últimos años.
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