Hay principios elementales de prudencia, decencia y responsabilidad que señalan, clara, terminante y contundentemente, que la Constitución Política del Estado, bien llamada Carta Magna y Ley de Leyes, solamente puede ser modificada cuando los intereses del país así lo exigen. Pretender cambios en ella tan solo para beneficiar a un partido político o a grupos determinados que pretenden continuar indefinidamente en el poder de la República es, simplemente, irresponsable y deshonesto.
Hay una campaña excesiva, y extraña a la vez, por realizar campañas anticipadas para las elecciones generales del año 2019 que, como ha ocurrido en los últimos años, se producirá recién a fines del año 2019 o sea en diciembre. Son tres años que faltan para ese acontecimiento electoral: 2017, 2018 y 2019, o sea lo que equivale a más de 1.000 días. Campañas proselitistas que se haga desde ahora, mostrarían simplemente que el partido que las realice, no tiene nada que hacer, en qué ocupar su tiempo ni tiene obligaciones ni deberes que cumplir.
Vivimos en democracia desde el 10 de octubre de 1982. Contrarias a las prácticas democráticas son las totalitarias y dictatoriales -como las que regían en la ex Unión Soviética o con el castrismo de Cuba, donde todo era para justificar lo injustificable y que tenían el denominativo de “democráticas”- que han sido simples fraudes porque eran con base en un solo partido y un solo candidato, como burla chabacana.
En Bolivia y países definitivamente democráticos, existe el criterio de que la democracia es algo serio, respetable y conductor de países por caminos ciertos de las leyes y en defensa de los derechos ciudadanos, del bien común. Que se han producido en determinados tiempos fraudes y alteración de resultados por parte de algunos organismos, es evidente; pero, en concreto, han sido elecciones que, marginando lo malo, han tenido plena validez.
Realizar campañas electorales que busquen candidatos o promuevan para repetir indefinidamente elecciones en favor de un solo candidato y su acompañante, no está en la conciencia ni en la mente ni en los intereses de los bolivianos o, mejor, de la mayoría de los bolivianos que han sido claros y concretos con los resultados del 21 de febrero. Cualquier campaña, publicidad o propaganda o clamores a la ciudadanía en pos de su posible voto, no es otra cosa que demagogia y populismo; es, sobre todo, mostrar que nada se tiene de responsable, constructivo y honesto por hacer; son más de 1.000 días que hay que “derrocharlos” con miras a conseguir el voto que, en todo caso, puede lograrse trabajando durante tres años, haciendo gestión, administrando debidamente el país y que sean las obras y conductas las que determinen, en su momento, quién podrá ser candidato o mandatario del país.
El principio reza, por supuesto, para quienes, desde una supuesta oposición, pretenden también contrarrestar la publicidad oficial con campañas y hasta designación de uno u otro candidato; eso no es correcto porque es el tiempo, más de 1.000 días, el que determinará lo que más convenga al país y quién puede tener la preferencia del pueblo.
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