Por violar la Constitución Política del Estado
La ciudadanía colectiva organizada puede iniciar un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García, parlamentarios y Tribunal Constitucional (TCP), por incumplir la Constitución Política del Estado en caso que la intención de repostular al Primer Mandatario se cumpla, afirmó exconstituyente del Movimiento sin Miedo (MSM), Angélica Siles, a EL DIARIO.
“En primer lugar el actual periodo de Morales al mando del país es nulo porque no se respeta la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 168 que indica que puede repostularse solo una vez, ahora el Legislativo busca que este tema sea analizado por TCP, quienes, lo más probable es que interpreten de forma ilegal habilitándolo para un periodo para que sea reelecto. Por eso es que ambos deben pueden ser sujetos a juicios de responsabilidades”, sostuvo.
INCUMPLIMIENTOS A NORMAS
Según la constitucionalista, el Presidente incumplió al artículo 7 de la CPE, en el que indica que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. “No se respeta el voto del soberano”, criticó Siles.
Asimismo, argumentó que el Presidente también viola el artículo 172 de la Carta Magna donde se puntualiza que una de las atribuciones del Primer Mandatario de Estado es cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes.
Siles afirmó que no se respeta la Ley del Régimen Electoral en su artículo 2 porque establece que los referéndums no puede ser revisadas y se deben respetar, por eso es hay incumplimiento de deberes.
En su intervención, Siles también aseguró que se puede plantear un juicio de responsabilidades mediante la “Ley 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo De Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo De La Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”, acción que le corresponde a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria, por resoluciones contrarias a la Constitución.
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