Piden analizar problemas de fondo en la Justicia

El Gobierno debe analizar problemas de fondo del sistema judicial y tomar en cuenta la carencia de recursos en los juzgados, la falta de capacitación de jueces, fiscales, peritos forenses y personal administrativo, quienes son los operadores de la justicia boliviana, plantearon a EL DIARIO los abogados Moisés Ponce de León y Paola Barriga.

Los problemas del sistema judicial como la retardación en los procesos judiciales, las denuncias de corrupción contra jueces, fiscales y abogados y la falta de acceso a justicia a personas de escasos recursos son parte de los problemas que hasta la fecha y después de 11 años de Gobierno continuo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no logró encontrar una solución estructural.

Ante esta situación el Órgano Ejecutivo planteó –a través de proyectos de ley– sanciones duras para los jueces, fiscales y abogados que dilatan los procesos, modificar el Código Penal y la realización de un referéndum para incorporación de la condena de cadena perpetua en la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, Moisés Ponce de León, abogado de las personas que fueron asaltadas por la pandilla denominada “Cartel Family”, afirmó que primero el Gobierno debe analizar los mecanismos para que los procesos judiciales avancen con celeridad y se elimine la retardación de justicia.

“Lo primero que el Gobierno debe hacer es implementar políticas para que los procesos judiciales avancen y no haya retardación”, puntualizó.

Ponce de León puso como ejemplo al Ministerio Público, donde existe una recarga procesal (procesos acumulados en un mismo juzgado y que están a cargo de un solo fiscal) porque cada fiscal atiende más de 500 casos por mes y agregó que para solucionar este hacinamiento se requiere de más infraestructura, fiscales y personal administrativo especializado, a fin de que los litigantes sean atendidos oportunamente.

ESPECIALIDADES

Por su parte, Paola Barriga, abogada del caso de Noemí Cámara, hija del presunto tratante de mujeres, Marco Cámara, planteó crear colegios de jueces y abogados, para que los mismos reciban capacitación y especialización en casos de homicidios, feminicidios, criminología, infanticidios, entre otras ramas.

“Lo que se requiere son especialistas en los juzgados y la Fiscalía, porque esto permitirá aumentar las autoridades judiciales para disminuir la recarga procesal en vez de aplicar sanciones”, afirmó.

SANCIONES

En el caso del anuncio de implementar sanciones, el abogado, Ponce de León, sostuvo que los castigos a los operadores de justicia no son medidas que solucionen problemas de la justicia porque el problema es integral.

“El que los operadores de justicia tengan sanciones duras no soluciona la crisis de la justicia, lo que se debe hacer en invertir y apostar por una mejora integral, para que los funcionarios tengan trabajos estables y la elección de jueces y fiscales sea por la meritocracia”, aseguró.

Por su lado, Barriga consideró que la sanciones drásticas a jueces y fiscales son medidas que aportan poco a la solución del problema de la justicia. Más importante es dar condiciones para que los casos se resuelvan con celeridad.

ABOGADOS

Ponce de León criticó que se haya planteado sanciones drásticas para los abogados que apliquen la “chicana jurídica” (artilugios a los que acuden los abogados, jueces y fiscales para extender juicios) porque debe establecerse con claridad el concepto de la palabra y para qué casos debe ser aplicado.

“Los abogados que usan recursos ilegales y un mala defensa de sus clientes deben ser procesados o suspendidos, pero que no agoten los recursos legítimos en el defensa”, aseguró.

En ese marco, Barriga dijo que la sanción por la “Chicana Jurídica” es un riesgo para los abogados, porque la suspensión de su credencial para litigar será un perjuicio cuando las medidas tomadas para la defensa o demanda sean legales.