“Cuidado con meter de contrabando la reelección”

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, respaldó las iniciativas destinadas a mejorar el sistema judicial a través de una reforma constitucional, pero advirtió que se debe tener mucho cuidado en no mezclar y meter de contrabando la ampliación de mandato presidencial o establecer la reelección indefinida del Presidente y Vicepresidente.

Dijo que la intención política de mejorar la justicia a través de la cadena perpetua, más parece algo tendiente a generar simpatía ciudadana, antes que una propuesta de materializarse en el acto porque, para ello, se requiere modificar la Constitución  a través de una ley de necesidad dictada por la Asamblea y luego ir a un referendo que no es muy sencillo.

Indicó que en el supuesto que se decida llevar adelante, hay varios temas que no tienen nada que ver con el tema político, como la eliminación de la elección de magistrados, que fue un tremendo error, la insuficiencia de la pena máxima y otros temas exclusivos de justicia, precisó.

“Reunir varios puntos para una probable modificación constitucional, no está mal, pero si hay que advertir que…mucho cuidado que dentro de la lista, que puedan ser incorporados la pena máxima a través de la cadena perpetua, eliminar la elección de magistrados, con querer incorporar ahí casi de contrabando el tema, por ejemplo, de la ampliación de un mandato de presidencial o establecer la posibilidad permanente de que los mandatarios puedan postular consecutivamente sin ninguna limitación”, señaló en entrevista en la Red Erbol.

Advirtió que hay también el riesgo que en lugar de beneficiar a la ciudadanía con la cadena perpetua, se termine beneficiando a un partido y en la hipótesis de impulsar una modificación en ningún momento deberían incluir temas políticos como de manera confesa anticiparon en lo concerniente a la posibilidad de postulación permanente de presidente y vicepresidente.

Sostuvo que a la gente le preocupa que se beneficie a un partido político y es por eso que la propuesta legislativa de resolver la retardación de justicia debe ser despolitizada y planteada con un principio de honestidad y no de generar un beneficio para una tendencia política.