Dichos y hechos oficiales

Noviembre y diciembre de 2016 fueron testigos de frases oficiales polémicas y gestiones adversas y erráticas del Gobierno. En una intervención pública se le escuchó decir al presidente Evo Morales que la división de poderes u órganos (establecida en la Constitución) significa “descuartizar al Estado”. Esta afirmación no puede sino interpretarse como proponer la concentración de todo el poder en el presidente del Estado o por lo menos en el Órgano Ejecutivo. Este es el modo de gobernar absolutista, se trate de reyes, autócratas o dictadores.

En otro discurso el primer mandatario dijo que él y su vicepresidente no podrían gobernar si tuvieran que “cumplir siempre la ley”. La interpretación de este mensaje es que se debe gobernar sin leyes o al margen de ellas. La ley es el contrato social que permite convivir en paz y dentro de una armonía posible. Lo contrario es el retorno a la barbarie, al primitivismo brutal, cuando no existía ley ni Estado.

Sostuvo también que el Órgano Electoral debe anular el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, por haber sido influido por la “mentira”. Que si él fuera ese Órgano anularía el referendo. Este dicho está en consonancia directa con la primera decisión adoptada por la Dirección del MAS designada en su último Congreso en Montero. Contradice la legislación vigente porque ésta dispone que los actos electorales precluyen una vez realizados y no admiten regresión ni revisión (Ley de Régimen Electoral). Ningún poder o autoridad puede desconocer o anular la soberanía popular consolidada en las urnas. El resultado del referendo del 21F es “cosa juzgada” en lenguaje jurídico.

El reciente deseo expresado por el presidente Evo Morales para los movimientos sociales es “ojalá podamos gobernar 500 años”. Sin embargo es benigno en relación con uno de sus recursos favoritos: no somos inquilinos del Palacio de Gobierno, hemos llegado para quedarnos siempre. Estas frases explicitan su aceptación de re-reelegirse por cuarta vez y aun gobernar indefinidamente.

Los dos últimos meses han puesto también en la crítica pública la gestión del MAS. La primera falencia es, sin duda, la escasez y racionamiento del agua en varios departamentos. La improvisación y la incapacidad demostradas por Epsas, Aps, y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente salieron a flote sin atenuante alguno. Consecuencias de las cuotas de poder y acomodo burocrático repartido a los “movimientos sociales”. En resumen, ignorancia profesional y técnica. Resultado: falta de una política hídrica adecuada hasta el momento. Esta crisis se prolongará en los dos años siguientes, sino más.

La responsabilidad en la catástrofe aérea protagonizada por LaMia empieza en el Ministerio de Obras públicas, Servicios y Vivienda y sigue en la DGAC, Aasana, rematando en esa precaria línea aérea. La matrícula le fue negada en 5 países, inclusive en Venezuela. Es una nueva señal de falta de seriedad administrativa que emitimos hacia el exterior. O no es bajo esos parámetros que se estrena con un tropezón la estatal Univida, manejando mal de entrada el SOAT. En la vergüenza la acompaña Quipus, otra estatal. Este estropicio tiene origen en la política estatista de acaparar todas las actividades. Política de resultados negativos en los 11 últimos años, pero inservible como experiencia gubernamental.