Continuando con la revisión histórica de Jorge Espinoza Morales, hoy rescataré los aspectos relevantes del período 52-2009, que arrojan valiosas enseñanzas en torno al manejo de empresas y la economía nacional.
Rescatando una opinión de uno de los barones del estaño, Carlos Víctor Aramayo, esté refiriéndose a la propuesta de manejo de las minas por parte del Estado, en 1946, opinó: “¿es posible la socialización de las minas?, concretamente que el Estado explotase directamente el subsuelo, eliminando la intervención de las empresas particulares, preguntarse concretamente si el Estado boliviano, posee las condiciones generales indispensables para cumplir con éxito una misión de esta índole. Me imagino que no habrá que pensar mucho para dar una respuesta negativa”. La síntesis que sigue claramente le da la razón.
“Mediante el DS No. 3.223, el gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro, en octubre de 1952, decretó la Nacionalización de las Minas. Unos meses antes en abril de 1952 se fundó la Central Obrera Boliviana (COB) Entre el 52 y el 56 la COB fue controlada por el MNR y cogobernó con este. Poco antes de la Nacionalización se creó la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Esta empresa con el Decreto de Nacionalización se hizo cargo de un total de 1.622 concesiones mineras que cubrían un área de 75.247 Has., así “se convirtió en una de las empresas mineras importantes del mundo y probablemente la de mayor número de minas en operación”.
El invento asociado a los anteriores hechos “revolucionarios” fue el establecimiento del control obrero con derecho a veto en la administración de Comibol, los controles obreros no pasaron a co-administrar sino de hecho se convirtieron en una administración superior que contribuyó a “una disminución de la producción minera, un bajo rendimiento per-cápita y la elevación del costo de producción”.
Como lo definió un investigador citado por Morales: “la minería nacionalizada no quiso asentarse sobre la injusticia pero lo hizo sobre la irracionalidad”.
Entre 1951-1985, la distribución de personal creció y se distorsionó, partiendo de un personal total de 24.000 trabajadores en 1951 de los cuales 55% correspondían a interior mina, en 1985 sobre un total de 25.446 personas 65% correspondían a trabajos en la superficie (gerencias, administración). Entre 1954 y 1965 el personal de las oficina central se incrementó en 82%, en las agencias el aumento fue del 193%.
La Comibol no hizo inversión en exploración lo cual contribuyó a acelerar la defunción de la empresa. (¿No suena esto parecido a lo que sucede en la actualidad con el manejo de los hidrocarburos?).
Las pérdidas acumuladas de Comibol entre 1981-1985 alcanzaron a US$ 799 millones. Estas pérdidas se atribuyeron “al agotamiento de los yacimientos, al pésimo manejo administrativo y a la imposibilidad de realizar cambios que vayan en beneficio de la entidad debido a la dirigencia sindical, reacia a cualquier cambio”.
Un intento para corregir la desastrosa situación de Comibol, fue la aplicación del denominado Plan Triangular (por el financiamiento de ICA de USA, Alemania Occidental y el BID) que operó entre 1961 - 1970. Los resultados del mismo no fueron del todo satisfactorios. Un comentario del autor señala: “a decir de algunos analistas el objetivo del plan fue el de destruir a los sindicatos y desnacionalizar las minas, aunque en el calamitoso estado financiero en que se hallaba Comibol, es justo reconocer que los fondos invertidos permitieron algunas mejoras técnicas que posibilitaron el mejoramiento en la recuperación de los ingenios y la eficiencia en interior mina”.
Para concluir, se cumplió el pronóstico de Aramayo y se convierte en una valiosa enseñanza para comprender los resultados de las numerosas empresas públicas que se ha creado en los últimos años.
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