Oportunidad de oro para la crisis judicial

Después de alrededor de diez años de enérgicas críticas a la actividad del Órgano judicial establecido por la Constitución Política del Estado, por sugerencia de una “Cumbre nacional de Justicia plural” y para superar la crisis que atraviesa a medida que avanza el tiempo, el Órgano Ejecutivo ha decidido proceder a una “reforma judicial”.

La decisión se cumplirá después que el sistema judicial fue calificado en forma categórica por autoridades del Gobierno de estar “podrido”, “encontrarse en estado de coma”, “ineficiente”, “corrompido” y una serie de adjetivos que hacían imprescindible que este mecanismo fundamental del Estado cambie de orientación e ingrese por un camino de respetabilidad e idoneidad, como también reclama la opinión pública y, en particular, el mundo litigante.

Se debe recordar, en todo caso, que la Constitución Política del Estado actual fue “cocinada” por un poder constituyente (2007) y el proyecto fue pasado al Congreso Nacional (diciembre 2007) para ser reformado, corregido y aumentado por un poder constituido, como era entonces el Congreso nacional (sin que tenga atribución para ello), lo que determinó que carezca de legitimidad. Una vez producida esa decisión, el gobierno convocó a un referéndum (25 de mayo de 2009), cuyo resultado fue la aprobación de esa llamada Ley de leyes, Carta Magna, etc.

Pese a todas las buenas intenciones e inclusive mediante un referéndum destinado a elegir a los más altos magistrados del Estado, el Órgano Judicial dejó mucho que desear, al extremo que el Órgano Ejecutivo decidió tomar cartas en el asunto y, en ese sentido, el presidente Evo Morales anunció la reforma judicial mediante la modificación de la Constitución vigente.

La reforma a ser estudiada comprenderá tres puntos sobre la base de las conclusiones de una “Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural para vivir bien” que se realizó a fines a mediados del año pasado. Los tres puntos son estudiar a) La ley básica de conciliación ciudadana; b) Ley de modificación de la Ley de del ejerció de la abogacía y c) la Ley de modificación del Código de Procedimiento Penal.

Las propuestas que deberá considerar el Congreso están destinadas a aplicar el Nuevo Código del Sistema Penal que señala el cumplimiento de las normas constitucionales, además de la oralidad plena, sanciones a jueces, fiscales y el combate a funcionarios que incumplan las normas. Se destaca el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores de edad. El proyecto de reforma judicial fue criticado por partidos opositores que indicaron que el partido oficialista, MAS, trata de “abrir la Constitución” para buscar la forma de eternizarse en el poder, todo lo cual hace suponer que la reforma proyectada atravesará todavía por carros y carretas para alcanzar los objetivos esperados.