Es intermitente la liberación de reos, beneficiados con el jubileo del indulto, por la pretensión de nuestro régimen penal al presente de emancipar “por lo menos” tres mil internos como efecto del hacinamiento humano dentro de las cárceles, nefasto resultado de la ausencia de políticas en nuestro sistema penitenciario, cuya solución hoy desatinadamente amalgama justicia con espacio físico. Por ello se exige al gobierno, por equidad y justicia, al menos igual tratamiento para el proyecto de decreto de amnistía presentado al senado a favor de perseguidos políticos con familias desintegradas, unos refugiados en el exterior y otros detenidos preventivamente sin sentencia, afectados por diferentes procesos enumerados en el mismo, algunos de ellos como resultado de mandatos arbitrarios, sin tipificación ni elementos de convicción.
Que se disponga su liberación definitiva con el consiguiente archivo de obrados, reparación de daños y rehabilitación correspondiente, pues la retardación de justicia al presente alcanza términos que exceden superabundantemente todo plazo establecido en el procedimiento vigente para su inmediato beneficio de prescripción, previsto además en nuestro Art.115 inc. II de la CPE plurinacional, que garantiza el derecho inalienable al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Es coincidente con el Art 125 que impone el cese de la persecución indebida y se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, negada en principio por supuestos hechos opuestos al “ideario oficial”.
Pero definitivamente en cualquier día momento y lugar contemplamos impotentes a un indeterminado ciudadano o grupo de ciudadanos encontrarse frente a violentos mandatos político-arbitrarios consumados deplorablemente por los propios operadores de justicia y representantes del Ministerio Público al servicio incondicional del gobierno de turno en una suerte de obediencia jerárquica debida, como resultado de amañadas investigaciones, ¡flagrantes y/o fehacientes!, que se convierten en simples tropelías, cuyo primer estigma es la antijuridicidad en su afán de privar de libertad y despojar sus derechos contra quienes no piensan ni obran como el oficialismo. Y lo peor proviene de quien detenta e inviste el poder público, ya que por sobre él no hay ningún superior asequible que pueda invalidar o rectificar sus determinaciones y dictámenes concluyentes.
Pese a lo anterior, a fin de no perder la fe y convertir el tema en un nuevo muro de lamentos, vemos por ahora afortunadamente a muchos países adoptar amnistías políticas y fiscales como bases de reconciliación que sus comunidades aguardan y anhelan. El Foro Penal Venezolano, por ejemplo, ha presentado un proyecto de Decreto Legislativo de Amnistía Política para que la nueva Asamblea Nacional lo discuta, consulte y apruebe. Se trata de una iniciativa con rango, vigor y fuerza de Ley Constitucional. Los beneficiarios serán los presos de conciencia Leopoldo López y Rosmit Mantilla, para quienes Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional, así como de cientos de presos y de procesados injustamente por los hechos de protestas del 2014; así como de la propia Colombia con la amnistía más amplia posible en el marco de 50 años de conflicto armado.
Recordemos, asimismo, la amnistía irrestricta cubana concedida por el Consejo de Estado de aquel país a favor de 3.522 prisioneros por la llegada del Santo Padre Francisco.
Sin embargo (no todo es miel sobre hojuelas) Amnistía Internacional advierte la represión draconiana de algunos gobiernos de la región por su patético afán de mantener la “seguridad nacional, valores nacionales, orgullo y dignidad”, etc. que derivan en agresiones contra derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y recuerda, asimismo, a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares del pasado, que siguen sin poder acceder a la verdad, la justicia y la reparación integral.
“Tus derechos peligran”, afirma Salil Shetty, actual secretario general de Amnistía Internacional, ya que hoy son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo.
El autor es abogado.
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