Bolivia se oculta tras rejas de un sistema de exclusión

Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor obstáculos en el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario del país, según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una coalición de instituciones de la sociedad civil.

El informe da cuenta de la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad y asegura que las cárceles son la expresión de prácticas propias del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un sistema judicial ajeno a la población.

“Hay un uso irracional de la prisión preventiva y son las personas más vulnerables quienes tienen mayores obstáculos para esperar su juicio en libertad u obtener una justicia pronta”, aseguró Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.

Dijo que en materia penal la mora procesal llega al 70%, los niveles de hacinamiento carcelario superan en 270% las capacidades instaladas, y la tasa de presos sin condena alcanza al 68%, constituyendo la segunda más alta de América Latina.

María Carmen Michel de la Pastoral Penitenciaria informó que un total de 61 recintos penitenciarios, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, albergan a 15.500 personas en predios cuya capacidad alcanza para 5.400, “lo que implica una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián mujeres hasta 900% en Palmasola varones, y un promedio nacional de 290%”.

El informe destaca que el presupuesto destinado a justicia durante la gestión 2016 representó el 0,52% del presupuesto general del país, mientras que el Ministerio de Gobierno percibió más del 17% del presupuesto general, pero asignó sólo el 0,47% al sistema penitenciario que está bajo su dependencia, “lo que evidencia que invertir en justicia no es tema de prioridad para el Estado”.

Michel recordó que el Estado provee un prediario de Bs 8, por cada recluso, para alimentación y otros gastos, “pero en muchos casos el Gobierno central que recibe los recursos de los gobierno departamentales no desembolsa oportunamente, dejando sin dinero por 3, 4 meses o más a los recintos carcelarios, y solo con el apoyo de voluntarias que recolectan víveres en los mercados. En recintos penitenciarios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Cobija se ha llegado al extremo de recolectar desechos de la basura para alimentar a los presos”. (ANF)