Tortura judicial, ¿medio de persecución política?

La mala administración de justicia, el ningún respeto que se tiene por el Poder Judicial, la poca confianza colectiva en los tribunales, la falta de moral y ética en el ejercicio profesional por parte de muchos abogados, la poca preparación del personal auxiliar de los juzgados y muchos otros errores que se comete en poder tan importante, ha dado lugar a que el Poder Judicial se convierta en dependencia del Poder Ejecutivo y esa situación da lugar a que lo menos que se hace es administrar debidamente la justicia.

Principios elementales señalan que el Poder Judicial, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral, son instituciones democráticas totalmente independientes y libres de actuar conforme a principios y reglas que determinan su funcionamiento; sin embargo, no siempre se cumplen reglas, normas, y procedimientos conforme a principios de una sana, honesta, transparente y responsable administración y de justicia porque ésta es violada, controlada, manipulada, y, en casos, corrompida de acuerdo con intereses subalternos.

En los últimos años especialmente, la administración de justicia ha sido utilizada por el gobierno como instrumento de presión y como sistema disuasivo para quienes ejercen la política-partidista; son tribunales que se han convertido en una especie de fiscales y jueces sin limitación alguna de poder y tan solo obsecuentes a lo que disponga el Poder Ejecutivo, que debería actuar en marcos de limitaciones y cumplimientos legales conforme establece la Constitución Política del Estado.

Los juzgados, dentro de los parámetros de ilegalidades que se comete, se han convertido en una especie de medios de persecución política; es decir, de control, juzgamiento y sanción a quienes tienen ideologías, pensamientos, ideas, criterios diferentes a los del partido de gobierno; en otras palabras, el criterio de que son opositores que no se enmarcan en las políticas y decisiones del partido de gobierno y, más concretamente, de quienes poseen todo tipo de poder.

Así, dentro de medios y circunstancias donde no hay independencia de poder para lo judicial y donde fiscales y jueces están dirigidos por miembros del Poder Ejecutivo -o Legislativo en casos- no es posible la dispensación de justicia y menos que haya confiabilidad en sus miembros. Por ejemplo, el caso de diferimiento de audiencias fijadas con mucha anticipación, son postergadas sin límite de tiempo o con fijación de fechas que nunca se cumplen, alegando serie de dificultades que son pretextos para tenerlos en vilo, preocupados, impotentes de poder trabajar y desarrollar sus normales actividades de trabajo a políticos que “se hayan atrevido a discrepar con el gobierno o contradecir lo dispuesto por él”.

Estos procedimientos, por moral del Estado y del gobierno, deberían suprimirse de la práctica judicial; de otro modo, será difícil y hasta imposible la vigencia plena de la justicia.