Hace nueve años que Bolivia compró 28 barcazas y dos remolcadores para ser utilizados principalmente en la hidrovía del Río de la Plata. La operación fue cuestionada desde sus inicios, porque se hizo el pago anticipado de 30 millones de dólares.
La empresa con la que se suscribió el acuerdo fue una de Corea, de la que no se tenía mayores antecedentes de seguridad y garantía para cumplir el contrato.
Justamente por falta de esa previsión, la indicada empresa coreana al poco tiempo del compromiso que contrajo con Bolivia, se declaró aparentemente en quiebra, pues lo que hizo, de forma unilateral, ha sido transferir el contrato a una empresa de China. Sin consulta previa con Bolivia, como correspondía.
A raíz de esas dos falencias en la ejecución del contrato, la empresa china no entrega hasta hoy las barcazas. Hubo autoridades bolivianas que fueron al país asiático, ante el retraso que había en la entrega de las barcazas. Lo único que trajeron de vuelta han sido fotos de las presuntas hidronaves y el aparente compromiso de la entrega de las mismas en un tiempo determinado.
Esto no se cumplió, por lo que pasado buen tiempo, autoridades nacionales volvieron a viajar a China, de donde volvieron con la noticia sobre que la empresa china abrió un juicio pidiendo el pago de indemnización porque las supuestas barcazas estaban utilizando el puerto de otra empresa.
El Gobierno actual no hizo otra cosa que entrar al juicio y convenir en que tenía que cubrir aquella deuda por el uso de embarcadero, monto que por día que pasa la obligación para Bolivia debe ser mayor. A la vez se le dieron por lo menos tres fechas para la entrega de las barcazas en un puerto de Argentina.
El año pasado se dieron por lo menos dos fechas para que ello ocurra, pero las barcazas no se le entregaron, aparte de que se le informó que faltaba aún concluir trabajos en las barcazas.
A estas alturas, al no recibir las barcazas, pese a que su costo lo pagó por adelantado, no queda otra posibilidad que llegar a la conclusión de que Bolivia ha sufrido una estafa monumental. Meses atrás se dio cuenta que la autoridad responsable de la engañosa operación ha sido sometido a reclusión penal.
Al parecer, al Gobierno actual, bajo cuya gestión se realizó la fraudulenta compra, no le preocupa mayormente. De lo contrario, podría actuar con más decisión y severidad. Incluso podía apelar al gobierno de China para que no se consume en definitiva la estafa que está sufriendo, a menos que por su cuenta propia, sin recurrir a fondos fiscales, reponga los 30 millones de dólares pagados anticipadamente por las vaporosas barcazas.
Empero, como tal posibilidad es remota, entonces lo apropiado sería que el Ministerio de Defensa, que estuvo manejando el asunto, vuelva a la carga y consiga la entrega de las barcazas.
De persistir la situación actual, lo procedente sería abrir un juicio por estafa a la empresa china. O, sino, demandar que cumpla el acuerdo judicial que contrajo con el país, depositando en su cuenta el monto que se convino pagar, sea bajo la condición de que ésta no podrá retirar del banco donde se haga la operación hasta que entregue las barcazas en el puerto argentino, con el que se acordó que sea el receptor de las barcazas.
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