Nueva matanza en cárcel brasileña deja 30 decesos

Sao Paulo.- Una nueva matanza perpetrada en una cárcel brasileña puso en jaque las diferentes medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para contener los motines provocados por guerras entre facciones criminales y en los que más de una centena de presos han muerto durante la primera quincena del año.

La muerte por lo menos de treinta presos la noche del sábado en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de Río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.

BAJO CONTROL

El más reciente motín, que duró más de catorce horas y terminó cuando la Policía Militarizada irrumpió en el presidio para retomar el control, se produjo pocos días después que el Gobierno y varios organismos han intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al Gobierno de Brasil “acciones concretas” contra la violencia en sus cárceles, tras la muerte de más de un centenar de personas en sucesos ocurridos en centros de detención de los estados de Amazonas y Roraima (norte) y Paraiba (nordeste).

La primera medida inmediata tomada por el Gobierno fue el envío esta semana de la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y a otros que solicitasen el apoyo federal.

HACINAMIENTO Y CORRUPCIÓN

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un “esfuerzo concentrado” a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.

El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el “mayor problema” de las cárceles del país “es la corrupción”.

El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares a instalar “dos escáneres” en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.

Justo esta semana, el secretario de Justicia y Ciudadanía de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, denunció que los estados hacen acuerdos con los presos para evitar rebeliones.

Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) indicaron que el 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.

POBLACIÓN PENAL

Además de las precarias condiciones de las cárceles, el hacinamiento ha sido una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario.

Con 622.000 presos, lo que supone un 67,3% más de su capacidad, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.

El presidente de Brasil, Michel Temer, quien ayer en su cuenta de la red social Twitter manifestó que está “acompañando” la situación en Río Grande do Norte, afirmó esta semana que las bandas criminales “preocupan” a la nación “como un todo” porque se rigen por su propias reglas, las cuales están “fuera del Estado”.

La crisis del sector penitenciario comenzó el primer día del año con un motín en una cárcel de Manaos, capital de Amazonas, en el que 56 presos murieron; siguió con otra rebelión en un centro de detención rural de la misma ciudad con cuatro más y continuó en Boa Vista, capital de Roraima, con al menos 33 detenidos muertos. (EFE)