Una vez más se produjo el fin de semana una matanza en cárcel brasileña, provocada por guerras entre facciones criminales de internos.
La muerte, por lo menos de treinta presos la noche del sábado en la Penitenciaría Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, región metropolitana de Natal y la mayor cárcel del nororiental estado de río Grande do Norte, levantó una vez más la bandera de la crisis carcelaria agravada en los últimos días.
La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves, durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales, un “esfuerzo concentrado” a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, reconoció el mismo jueves que el “mayor problema” de las cárceles del país “es la corrupción”.
El Gobierno se ha comprometido con un presupuesto de 135 millones de dólares al instalar “dos escáneres” en todas las cárceles y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.
Datos preliminares del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) indicaron que el 65% de las prisiones del país no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, que son utilizados por los reos para organizar sus actividades delictivas.
Además de las precarias condiciones de las cárceles, el hacinamiento ha sido una preocupación constante de los responsables del sistema carcelario.
El más reciente motín se produjo pocos días después de que el Gobierno de Brasil y varios organismos han intensificado sus acciones y planes para contener la crisis y evitar más masacres.
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