La banca debe asumir el riesgo, no los trabajadores y jubilados
Fernando Monje Campos
Con la promulgación de la neoliberal Ley de Pensiones 1.732 y con su similar correspondiente, la Ley 065 masista, se ha comenzado e incomprensiblemente se ha continuado con el atropello ex profeso a los derechos de los trabajadores y jubilados.
Ignorando o disfrazando el carácter solidario y redistributivo del Ingreso, propios de la Seguridad Social en la economía, estas dos normativas introducen elementos mercantiles y de capital financiero sujetos a los mercados de valores, nocivos a la filosofía solidaria de la Seguridad Social. Con el único objetivo de acumular millonarios ahorros de los trabajadores para usarlos en provecho de la actividad productiva privada. Así fue pensado el modelo por el Banco Mundial allá por los años ochenta. Acumulación a costa de indigentes jubilaciones y otros que desincentivan el jubilarse.
El crear Fondos para prestar el dinero de los trabajadores y jubilados a sectores en quiebra para que éstos cumplan sus obligaciones bancarias (así señaló públicamente uno de sus representantes) es una irresponsabilidad social y financiera, aunque hoy solo sea del 5%. Cualquier inversión de estos recursos de los trabajadores y jubilados debe garantizar criterios de Seguridad primordialmente.
Seguramente no se ha valorado adecuadamente el factor RIESGO, porque si así fuera, la banca no debería tener problemas para suministrar o refinanciar estos recursos a través de un decreto excepcional que facilite trámites, puesto que para eso está creado el sector financiero.
Históricamente los millonarios ahorros de los trabajadores se han “esfumado” cíclicamente como por arte de magia también ex profesa. No olvidemos las medidas accesorias del decreto de desdolarización de 1982, que deprimió a su mínima expresión estos excedentes, ni el destino de los recursos acumulados hasta antes de la aparición de las AFPs, que el MNR se encargó de asignarlos en los años noventa.
Sin bonanza económica y abierta, esta puerta de préstamos productivos, los recursos del Sistema de Pensiones del Largo Plazo de la Seguridad Social Boliviana, que hoy sobrepasan nominalmente la friolera de los 10.000 millones de dólares, se tornarán atractivos no solo para un sector deprimido, sino para muchos otros que sabrán encontrar también acceso.
Es necesario más bien promover que se cambie la Ley de Pensiones vigente, por otra que modifique esa contradicción notoria de excedentes millonarios con los que no se sabe que hacer frente a jubilaciones deprimidas e injustas. Es necesario precautelar mínimamente el valor real de esos recursos sin ponerlos en riesgo y que sirvan para su olvidado propósito. Al presente estos recursos, por razones de rentabilidad e inflacionarias, solo benefician a banqueros y al parecer este fondo a crearse también los beneficiará. Una nueva Ley debe enmarcarse ciertamente en los Principios Constitucionales de nuestra Ley Fundamental.
El autor es Eg. Economista y Licenciado en Derecho.
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