Por reposición del preaviso
El Ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), declarado de emergencia por no haber sido atendido por el Gobierno, determinó realizar un juicio de responsabilidades contra los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores y Neldy Virginia Andrade, ya que habrían sido quienes repusieron el preaviso.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, informó que se reunieron en Sucre, para debatir tres puntos: la destitución de Jordán, el fallo constitucional (preaviso laboral) y el préstamo de 150 millones de dólares procedentes del Fondo de Pensiones.
También en la misma reunión analizaron el tema de la Caja Nacional de Salud (CNS), la dispisicón del Gobierno de nombrar al gerente de la entidad aseguradora sin consenso del ente matriz de los trabajadores y acordaron apoyar las medidas de presión.
MARCHA
Luego del ampliado, los trabajadores se organizaron en una marcha pacífica con dirección al Tribunal Constitucional, donde los asistentes pedían la renuncia de los magistrados por estar en contra de los obreros del país.
Asimismo, las dos sentencias referidas al preaviso continúan vigentes. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Osvaldo Valencia, minimizó los efectos jurídicos de la sentencia 907, que restituye el preaviso y defiende la vigencia de la sentencia 1262/2013 que lo anula.
La primera sentencia (1262) fue dictada en 2013, en la que el preaviso queda sin efecto ni valor legal para el despido de los trabajadores, sin embargo, recientemente el mismo TCP dictó otra sentencia, la 907, mediante la cual restituye como figura jurídica el preaviso. Ninguna puede ser anulada, según informa (ANF).
El dirigente máximo de la COB dijo que se quiere una Bolivia digna y no se permitirá que se tomen medidas que perjudiquen la estabilidad laboral, la jubilación y otros derechos de los trabajadores del país. “Queremos una Bolivia soberana con justicia social y garantías laborales”, “trabajo seguro, familia segura”, afirmó.
Al mismo tiempo, Mitma repudio la disposición del Gobierno por haber tocado los recursos económicos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para beneficiar al sector agrícola de Santa Cruz, mediante créditos.
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