Uso del ahorro social provoca polémica

La inversión de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones en préstamos a los agropecuarios ha sido llamada por el presidente Evo Morales “trabajo conjunto entre en los sectores privado y público”. En efecto, el Gobierno utilizará el 5% de dichos recursos ($US. 708 millones) para fines productivos del agro y de los microempresarios. Según fuentes oficiales destinará el 1% ($US.150 millones) al sector de medianos y pequeños agropecuarios, sin embargo, el compromiso emana de un acuerdo con la CAO, Cainco y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, vale decir con la agroindustria cruceña.

De inmediato desde diversos ángulos de la sociedad surgen críticas por el uso de los ahorros individuales de jubilación, descalificando la decisión de diversa manera: “medida arbitraria”, “confiscación de lo ajeno”, “apropiación indebida”, etc. Esta situación ha destapado el variado destino que al presente tienen los recursos previsionales de los trabajadores activos. Así las AFP, a su vez, invierten alrededor de un 5%, pero en montos de 750 millones de dólares según unos y de 1.425 millones de la misma moneda, según otros. Lo hacen en la Banca y en bonos del Estado, a ello les autorizaría la Ley de Pensiones. Lo que no está claro es si el Estado puede también recurrir a los recursos en cuestión y en qué cuantía.

Para los personeros gubernamentales, las AFP invierten en la Banca y en bonos del Estado, dicen de baja rentabilidad del 1% y 2%. En cambio, aseguran que los préstamos a los agropecuarios rendirán el 7% durante los 10 años de plazo y 9% en gastos de operación. Frente a las dudas de que el riesgo de recuperación es enorme por los factores climáticos (sequías, inundaciones, plagas, etc.) de los que depende el agro, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, enfatiza sobre 3 garantías con respecto a los $US. 100 millones dedicados a este rubro. Primero, que las empresas agroindustriales retendrán del precio fijado a los productores un porcentaje, previo un contrato de partes, como condición del crédito. Esta previsión cubrirá el 30% del préstamo.

Segundo, otro 30% se avala con los Fondos de Garantía creados con el 6% de las utilidades de los Bancos y, por último, lo demás a través de las utilidades de inversión de los 50 millones de dólares restantes que se cree obtener. Ese Fondo en el momento está destinado a respaldar los créditos de las viviendas sociales, demanda ahora decrecida pese a la supresión del aporte inicial de los prestatarios. En tales circunstancias se lo destinaría al agro.

Lo más sugestivo de tan complicada operación radica en que no se exigirá calificación de riesgo a los solicitantes de crédito. Esto permite deducir que un buen porcentaje de los $US. 100 millones referidos se destinará a los pequeños productores, es decir, a fondo perdido prácticamente -al igual que lo ocurrido con el Fondo Indígena-, en cuya previsión de incumplimiento, han sido inventadas las modalidades de garantía señaladas más arriba. Aparece así la intencionalidad política del tema, obviamente con miras a la reiterada reelección del Jefe del Estado. El mismo olor político se siente con el anuncio de que el resto del 5% dará lugar a otros fondos financiadores de los microempresarios. Por A o por B es grande el riesgo que correrá el ahorro jubilatorio por lo siempre aleatorio de la actividad agrícola y agropecuaria.