Ministerio de la Presidencia: de los puentes al precipicio

En la última década el Ministerio de la Presidencia de Bolivia ha concentrado el poder económico, al encargarse de repartir dinero a través de programas asistenciales dentro o no del programa social y de desarrollo del Estado; y el poder político, al juntar las tareas de vocero, de primer jinete en la arremetida contra “el imperio”, contra los políticos ajenos al partido oficial y contra la prensa.

Sin embargo, no siempre fue así. Una visión rápida al pasado nos permite comprender que en la historia de la República de Bolivia, el Ministerio de la Presidencia- con diferentes nombres- cumplió más bien el rol inverso, el de crear puentes de relacionamiento interno, con el Poder Legislativo, con los otros partidos, las instituciones y la sociedad civil.

Sobre todo en la etapa democrática iniciada en 1982, los gobernantes fueron muy cuidadosos para elegir a su “room made”, es decir al secretario/ministro que los acompañaría “cama adentro”, al del “rancho” compartido. Destacan figuras como Gustavo Fernández, culto, internacionalista, académico, capaz de proteger a Jaime Paz Zamora, sin necesidad de insultos ni encargando documentales a algún corresponsal extranjero.

Uno de los ministros más emblemáticos en esa cartera fue José Guillermo Justiniano, quien cumplió una gestión de relacionamiento con la sociedad civil y de coordinación entre los ministros con una visión de largo plazo, dentro del Plan de Todos (1993-1997). Su trabajo, más silencioso que estrepitoso, lograba desarmar conflictos sociales a través del diálogo en el propio Palacio de Gobierno. Sobre todo evitaba la exposición innecesaria o sobre exposición del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por ello, en esos años de modernización del Estado, se pensó que el puesto era el germen de un futuro cargo de Primer Ministro, en una democracia más parlamentaria que presidencialista. Mauro Bertero fue el rostro amable del gobierno constitucional de Hugo Banzer.

Tampoco se puede olvidar a Salvador Romero P., extraordinario profesional, que aceptó el cargo de Secretario Ministro en medio de la grave crisis de 1979. Su leal actuación en defensa de la vida y del honor de la Presidenta Lidia Gueiler, durante el golpe militar de 1980, están certificados por múltiples testimonios.

Personalmente conocí el trabajo incansable de José Galindo en el gobierno de ciudadanos que encabezó Carlos Mesa (2003-2005) afrontando un complejo momento político. La cara opuesta de su antecesor Carlos Sánchez, quien inició el rol de confrontación en esa cartera.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Los antecedentes institucionales del Ministerio de la Presidencia se remontan a la Primera Ley de Organización Política y Administrativa, firmada en 1888, es decir dentro de la primera etapa de estabilidad política y crecimiento económico, cuando se consolidó el Estado liberal. En ese instrumento legal se nombra a un “Oficial Mayor”, como el encargado de sentar en un libro especial de actas los acuerdos del consejo de gabinete.

Aunque no encontramos la resolución legal, en los años 40 existía la figura del Secretario General de la Presidencia, más administrador que político y quien se encargaba de organizar la agenda del Presidente y de algunas tareas de coordinación. Algunos testimonios recuerdan el rol de mediación que cumplía esta persona para que se den audiencias presidenciales por diferentes motivos.

Recién en 1970, casi un siglo después del primer ordenamiento del Poder Ejecutivo, dentro del ciclo militar del Capitalismo de Estado, se aprobó mediante Decreto Ley 09195 la “Ley General de Bases del Poder Ejecutivo”.

En esa ley se formalizó el cargo de Secretario General de la Presidencia de la República, el mismo que “será desempeñado por un Secretario General con rango de Ministro que tendrá a su cargo la coordinación de todas las actividades de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, la coordinación de las disposiciones legales relacionadas con el Poder Ejecutivo y, la orientación y control de los procedimientos de documentación y archivo”.

Dos años más tarde, durante otro gobierno de facto que concentraba el poder, se aprobó el Decreto Ley 10.460 “Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo”.

En esa norma se nombraba a un Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República. Ese mismo instrumento creó un sistema de gobierno con base en cuatro consejos que se interrelacionaban, de los que el más importante fue el Consejo Nacional de Coordinación y Planeamiento, CONEPLAN.

Otros artículos normaban el rol del Secretario General, quien además de las funciones de coordinación interna, debía organizar el órgano central del sistema jurídico, la documentación y el Archivo.

El D.L. 11.353 de 1974 transfirió esas funciones al Ministerio de Planeamiento y Coordinación, pero semanas después otro decreto volvió a crear la Secretaría General de la Presidencia, con funciones poco claras por sobreposiciones con el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.