Una víctima de violencia familiar y otra relacionada con un caso de toma ilegal de terreno, exigieron ayer al Ministerio Público que se solucione el problema de retardación de justicia en sus casos.
Asimismo, denunciaron que este problema es causado por el continuo cambio de fiscales y una supuesta “chicanería” jurídica de parte de los abogados.
Oscar Puertocarrero, quien compró un tole en Villa Mercedes del Distrito 8, contó que lleva cinco años buscando celeridad en una demanda por avasallamiento y que recién hace ocho meses logró que uno de los implicados sea penalizado con detención preventiva.
“Llevo cinco años buscando celeridad en un proceso por avasallamiento a mi terreno en la zona Mercedes, y aún no lo encuentro, más bien logré que uno de los implicados esté en la cárcel San Pedro”, manifestó.
El denunciante atribuye a su persistencia que un involucrado en el caso se encuentre con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, porque quiere llegar a la verdad de los hechos.
Los cambios de fiscales y las chicanerías jurídicas, según Puertocarrero, son los motivos principales para que se suspendan las audiencias en los juzgados, exista retardación de justicia y que esté enfrentando otros obstáculos, lo que genera que su caso esté aún en la impunidad.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, en los cinco años que lleva de retardación el proceso por avasallamiento, él recibe amenazas contantes de las personas que supuestamente se dedican a apoderarse ilegalmente de terrenos y construir domicilios donde no les corresponde.
“Espero recuperar lo que es mío, porque estos terrenos me pertenecen, realmente estoy indignado con la justicia”, expresó Puertocarrero.
OTRO CASO
La ciudadana Petrona Vargas aseguró que hace más de dos meses fue agredida por sus hermanos en el municipio de Chulumani (Yungas) porque alojó en su casa a una de sus cuñadas.
“Mis hermanos me agredieron hace dos meses porque alojé en mi casa a mi cuñada porque no tenía a donde ir, después que se separó de mi hermano”, manifestó.
La víctima aseguró que sus hermanos declararon cosas que no sucedieron, lo que está siendo evaluado por los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
Vargas cuenta con un certificado forense donde se aclara que tuvo 10 días de impedimento y protesta porque la prueba no es valorada, además que espera las declaraciones de sus testigos del hecho para que se esclarezca del caso.
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