Karina Cuba, fiscal de materia, informó ayer que se investigará los contratos privados que la Policía hizo para asignar a dos suboficiales que trabajaron por tres años con el exdueño del local nocturno Katanas, Marco Cámara, además que se prevé llamar a declarar a los jefes policiales que firmaron dichos documentos para estos dos uniformados, que ayer fueron enviados con detención preventiva a Palmasola, imputados por el delito de trata y tráfico de personas.
La fiscal señaló que en los próximos días se tiene programado la declaración de otras 10 personas y que de ser necesario se llamará a declarar a los jefes policiales, que firmaron los contratos privados y que mantuvieron a los efectivos tres años asignados a la seguridad personal de Cámara.
Por su lado, América Ríos, abogada de uno de los uniformados, negó los cargos, señalando que son sólo conjeturas verbales por parte de las denunciantes, y que se estaría dañando una carrera de 24 años de estos policías.
Sin embargo, la fiscal Cuba afirmó que los uniformados realizaban viajes al exterior sin informar a sus superiores, recogían el dinero recaudado en los locales de Cámara y que fueron plenamente reconocidos por la víctima de la trata, una ciudadana paraguaya detenida en el penal de Miraflores, por el infanticidio de su hija.
ROMERO
Sobre la situación de los policías, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, adelantó que de comprobarse las denuncias contra estos uniformados la regla es la baja de los mismos.
La detención preventiva en el penal de Palmasola de los suboficiales de la Policía Jacinto F. G. y Freddy A. M. por la presunta comisión de los delitos de trata de personas en grado de complicidad, tráfico de migrantes y organización criminal, fue emitida en el juzgado noveno cautelar.
Según Nohemí Cámara, quien denunció a su padre Marco, los dos uniformados hacían ingresar a mujeres al país y las amedrentaban con fines de explotación sexual en el club nocturno Katanas, en la ciudad de La Paz.
En la audiencia de medidas cautelares, Cuba detalló que ambos policías operaban en aeropuertos y fronteras vestidos con uniforme para recoger a mujeres que llegaban al país, previamente captadas por Marco Cámara.
“Ambos policías también fungían como administradores del Katanas, porque en las noches, mientras Cámara dormía, ellos iban al local y vigilaban a las chicas, por lo que recibían un sueldo”, informó la fiscal.
Según Cuba, ambos policías tenían conocimiento de las actividades que se realizaban en el Katanas y en el club nocturno Red Lips de la ciudad de Santa Cruz, por lo que estaban en complicidad con Cámara y los administradores de ambos locales, para que continúen realizando esos ilícitos.
“Ambos sindicados, como servidores públicos y vistiendo el uniforme de la Policía Boliviana, habrían incursionado en el delito de trata en grado de complicidad, ya que se encargaban de hacer ingresar a mujeres extranjeras, amedrentarlas y tenerlas amenazadas en el local para que continúen con sus actividades delictivas de trata de personas y tráfico de migrantes, con la finalidad de explotación sexual comercial y, por ende, la conformación de una organización criminal”, fundamentó Cuba.
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