Nueva imputación parcializada

A pocos días de que se cumpla un año del asalto y quema de la alcaldía de El Alto, el 17 de febrero de 2016, recién el fiscal Paúl José Miranda emitió su requerimiento conclusivo. El mismo imputa a 15 presuntos autores del hecho. Lo más sugestivo y extraño es que se exime de imputación a los jefes policiales que estaban llamados a proteger a los funcionarios municipales y a los bienes respectivos. Su omisión ocasionó la muerte de 6 servidores ediles y cuantiosas pérdidas públicas.

Está excluido el jefe policial de El Alto, Cnl. José Peña, y el viceministro de Gobierno, Marcelo Elío. La imputación debía comprender además a los comandantes General y Departamental de la Policía Nacional de entonces, que se supone dejaron de disponer el auxilio tan desesperadamente solicitado por los asediados. Se percibe un exceso de protección hacia los indicados, pero, al mismo tiempo, un implícito reconocimiento de que se habría recibido instrucciones superiores -por supuesto inconfesables- para no actuar. La comparecencia de dichos jefes ante la fiscalía podría haber revelado la verdadera motivación de su negligencia.

En cambio, es insólito que varios funcionarios municipales resulten imputados, cuando obrando con lógica justiciera debían quedar eximidos después de sus declaraciones. Tomarlos como presuntos -o casi autores del siniestro- es hacer culpables a las víctimas. Ni siquiera es necesario ver en profundidad este funesto caso para concluir que la pasión política sea capaz de llegar a semejante crimen y es posible que estemos ante la primera vez que se registra algo tan monstruoso en la historia política. Se pretextó deficiencias en la infraestructura escolar para desatar un plan siniestro encaminado a la defenestración de la alcaldesa Soledad Chapetón. No toleran que la oposición arrebate al oficialismo su principal e incondicional plaza municipal. Después tuvieron el mismo escenario bloqueos, huelgas y movimientos “sociales” con el mismo fin de acabar con la gestión edil en curso.

El abogado a cargo de la querella anunció la impugnación a la decisión del fiscal, y la alcaldesa, por su parte, manifestó su indignación por la exclusión de las autoridades policiales y del ex viceministro Elío. El criterio selectivo que denota el fiscal asignado muestra una vez más el sometimiento al Gobierno tanto del Ministerio Público como de los Tribunales de Justicia, mientras un diputado oficialista no paró mientes en decir que si se pide la inclusión de autoridades, también Soledad Chapetón debía estar inmersa en el proceso. En este clima político es iluso pedir alguna racionalidad, y así marcha el país.