Fondos de jubilación para financiamiento productivo

Contrariamente a toda norma de prudencia y sensatez, el gobierno decidió utilizar 150 millones de dólares de propiedad de los trabajadores que las AFPs administran hasta un aproximado de 15 mil millones de dólares. El propio Presidente de la República anunció: “Finalmente hemos llegado a acuerdos. Se va a disponer del 5% del Fondo de Pensiones para un crédito agropecuario, viene a ser como 150 millones de dólares” (EL DIARIO 15/I/17). Tratándose del 5% de lo administrado por las AFPs, el total “utilizable” por el gobierno serían 750 millones de dólares; pero, tratándose sólo de 150 millones, el porcentaje es del 1%.

Disponer de medios financieros de propiedad de los trabajadores del país es contraproducente desde todo punto de vista: primero, no se trata de un fondo dependiente del Estado y menos del gobierno; se trata de dineros ahorrados -directa o indirectamente- por los trabajadores y son destinados a cancelar jubilaciones y no son de disponibilidad del gobierno; segundo, nadie podría garantizar que esos dineros -otorgados a plazo de diez años, con intereses del 7% para inversión y 9% para gastos de operación- vayan a ser cancelados debida y oportunamente en los plazos determinados porque (como ocurre en todo el mundo) el sector agropecuario está conformado por serie de riesgos y nadie puede garantizar el éxito, siquiera mediano, de las inversiones y menos el pago de intereses y devolución del capital.

Sin embargo, tratándose de préstamos con intereses, lo correcto sería que ellos beneficien a las mismas cajas de las AFPs para que engrosen lo ahorrado. La decisión para utilizar el dinero fue tomada en reunión del Presidente y ministros de Economía, Defensa y Autonomías con directivos de la CAO, Cainco y Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Lo extraño es que esos directivos hayan acordado apoyar el préstamo sin tomar en cuenta a productores agropecuarios del sector occidental del país. Por otra parte, no recurrir a la banca comercial, es doblemente extraño.

Experiencias de instituciones que prestaron dinero para labores agropecuarias -un caso patético es el del Banco Agrícola que quebró por no honrarse las deudas- son múltiples y, como lógica consecuencia, se producen reacciones de organizaciones empresariales y laborales contra la disposición del gobierno. En todo caso, se dice, seguramente “se está utilizando también los fondos de compensación por 15,5 millones de dólares que pagó Repsol como compensación a guaraníes por explotación del campo Margarita”; un dinero que efectivamente debió ser utilizado en beneficio de guaraníes y otros grupos; este monto habría sido depositado en el Banco Unión, según información (EL DIARIO 11/I/17).

No corresponde, pues, disponer discrecionalmente de dineros destinados a jubilación de trabajadores, fondos que han sido acumulados en mucho tiempo y con mucho esfuerzo y sacrificio. El gobierno alega siempre “disponer de mucho dinero” y tendría que recurrir a esos fondos que, se supone, deben ser disponibles en cualquier momento.