Jhiery Fernández: “Creo en la justicia, pero no en operadores”

“Me sentenciaron y después me quieren investigar”, lamenta el médico Jhiery Fernández, sentado en un banquillo en el consultorio que atiende en la sección La Posta del penal de San Pedro, donde permanece desde hace más de dos años en calidad de detenido preventivo.

“Nadie me dio el beneficio de la duda, todos me sentenciaron desde un primer momento”, reprocha con decepción y más aún cuando revive el día de la audiencia de medidas cautelares, ocurrida el 16 de diciembre de 2014, que determinó su suerte sin más indicios en su contra que la acusación verbal de la Fiscalía y un examen de ADN que debía ser entregado tres días después.

Fernández está acusado por la supuesta violación y muerte del bebé Alexander, un infante de ocho meses que perdió la vida, según la versión oficial, por una profusa hemorragia producto de violación, aunque las investigaciones posteriores se alejan cada más de esa posibilidad.

El proceso, hasta donde se conoce, porque fue declarado en reserva, se desarrolló en medio de un escándalo por la falta de rigurosidad investigativa de parte de la Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y entre denuncias de extorsión, tortura y vulneración de los derechos básicos fundamentales, según declaraciones de los propios investigados, instituciones y autoridades legislativas.

“DESTRUYÓ MI VIDA”

Jheiry Fernández rememora algunos de los pasajes más dramáticos que le tocó vivir en el proceso judicial, que, según afirma, destruyó su vida emocional, social, económica y familiar por la grave acusación esgrimida en su contra.

“El día que me pusieron las esposas (ese 16 de diciembre luego de la audiencia cautelar) fue como si me hubieran puesto un gran peso encima, como si me pusieran grilletes en todo el cuerpo, y así todo esposado y amarrado me lanzaran para que me hagan lo que quieran”, dice.

El médico de 34 años, en ese entonces, recuerda este episodio como el que marcó su vida. “Me acusaron de un delito muy grave sin tener pruebas”, vuelve a lamentar.

BLANCO Y SANTOS

Hace ya más de dos años, el fiscal Edwin Blanco y la fiscal Patricia Santos aseguraron en la audiencia de medidas cautelares tener todas las pruebas que incriminaban a Fernández en la muerte de Alexander. Lo acusaron de pedófilo porque a sus 34 años no se había casado ni tenido hijos, aunque no contaban con ninguna evaluación psicológica de respaldo. Insistieron que la prueba científica del ADN lo implicaría, pero hasta la fecha, en el juicio que se lleva adelante, no se ha presentado ni una sola prueba material que lo incrimine.

“Edwin Blanco (actual fiscal departamental) decía que soy un peligro para la sociedad, yo le digo que yo sirvo a la sociedad”, señala 49 meses después de las sindicaciones del fiscal que lo mantienen en la cárcel.

El día de la audiencia estaba solo, recuerda, frente a más de cuatro fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Defensoría de la Niñez, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación que lo señalaban con el dedo acusador y pedían su reclusión en el penal de Chonchocoro por ser un “peligro para la sociedad”.

Los presentes lo miraban con desconfianza, y cuando la jueza Lía Cardozo dictaminó detención preventiva en la cárcel de San Pedro, su mundo anímico se desplomó. “Los fiscales y funcionarios presentes celebraban y se abrazaban por la determinación de la juez”.

Las manillas apretaban sus muñecas como la angustia a su corazón. “No podía creer lo que estaba pasando, salía de la sala del juez con la acusación de ser el asesino de un niño”.

Fernández asegura que seguirá luchando por su inocencia, y si los funcionarios “inquisidores” le niegan su libertad, no se dará por vencido, seguirá adelante, denunciando que es víctima de los operadores de justicia, y de un fiscal que solo buscó quién pague por la muerte de Alexander, y que no se atreve a mirarlo a los ojos porque “sabe lo que ha hecho”. (ANF)