Consecuencia de las nacionalizaciones

La manía de estatizar, expropiar o nacionalizar que tiene el gobierno desde el año 2006 en que inició sus gestiones, muestra, más temprano que tarde, sus consecuencias por las indemnizaciones que el país debe cancelar a empresas extranjeras debido a las nacionalizaciones.

El gobierno, al anunciar la estatización o expropiación de una empresa, lo primero que señala -al igual que el régimen del MNR con la nacionalización de minas el año 1952-: “no habrá compensaciones de ninguna clase y menos reconocimiento alguno”, con el alegato de que quienes han explotado bienes en el país “se han enriquecido lo suficiente como para reconocerles indemnizaciones”. Sin embargo de todo ello, esas empresas, con justo derecho, deciden instaurar juicios contra el país exigiendo las compensaciones respectivas y, muchas veces, lo hacen por cantidades muy superiores a sus inversiones. Producido el juicio arbitral, siempre se ha fallado a favor de la empresa que ha sufrido despojo de sus bienes.

Informaciones fidedignas (EL DIARIO 18/1/17) señalan: “Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por indemnización por 12 procesos de expropiación, que derivaron en acuerdos tras arbitrajes, suma que representa el 24% de la cifra que demandaban inicialmente las empresas y que totalizan 3.404 millones de dólares”. El monto que fue motivo de acuerdos implica ser el 24,32% de lo demandado. Lo cancelado sería solo una parte de las veinte empresas que se ha nacionalizado desde el año 2006, según informe de la propia Procuraduría General del Estado.

Pormenores de los pagos señalan, por ejemplo, “entre las doce empresas beneficiadas con los arbitrajes está la española Iberdrola con 34 millones de dólares; Red Eléctrica Española con 36,5 millones; Telecom y las petroleras Shell y Pan American Energy, entre otras”. Existen, de momento, otros seis procesos de arbitraje. Entre ellos está Sabsa que atendía aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Otras empresas en estado de litigio con Bolivia son: “la chilena Quiborax, la británica BP Global Investments, la canadiense South American Silver, la india Jindal Steel y la suiza Glencore”. Estos juicios arbitrales tendrán fin en algún momento y lo seguro es que se arribará a acuerdos que si bien disminuyen los montos exigidos por las empresas interesadas, no dejan de ser un serio drenaje a la economía nacional.

Lo sensible de esta situación es que el gobierno durante años no ha querido entender que todo proceso de nacionalización o expropiación de empresas tiene sus consecuencias, y por creer que “no harán nada porque ya lograron beneficios” siguió con sus malas políticas que contribuyen a la ausencia de nuevas inversiones en el país, hecho que nos perjudica seriamente porque dado el antecedente de nacionalizaciones no hay capitalista que se anime a invertir en Bolivia. Gobierno y comunidad nacional bien podrían haber utilizado ese dinero pagado por indemnizaciones en obras de importancia y, además, seguir con empresas que podrían generar riqueza y empleo.