Nuevas elecciones para magistrados

El pueblo boliviano enfrenta a mediano plazo, como ineludible desafío constitucional, asistir a las urnas para elegir, por segunda vez en su historia, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional. Esa disposición está contenida en los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Carta Magna en vigencia.

Estas elecciones deberán ser convocadas por el Tribunal Supremo Electoral con 180 días de anticipación, mientras la Asamblea Legislativa adopta medidas para reglamentar el proceso de pre-elección de candidatos. La realización de esta elección deberá producirse hasta octubre próximo, sin incluir 150 días que tomará el calendario del proceso. Al mismo tiempo, la Asamblea deberá definir antes de esos 150 días la elaboración y aprobación del reglamento de selección de postulantes. Entonces se lanzará la convocatoria.

La mecánica para estas elecciones, aunque llena de complicaciones, podrá ser superada por los responsables de su ejecución, pero las dificultades se encuentran en otros niveles que no pueden ser soslayados.

En efecto, se debe recordar que la primera elección de magistrados (con un costo de más de 150 millones de bolivianos) dejó mucho que desear, no cumplió las expectativas de la población y consideró que fue un fracaso ya que ningún problema se resolvió y más bien se denunció que varios de ellos se habían agravado. Es más, no solo el pueblo consideró que esa forma de elegir a los magistrados fue un “fracaso rotundo” sino que inclusive el gobierno admitió que en esa su iniciativa “se cometió errores”, sugiriéndose, a la vez, que el procedimiento debía ser sustituido, naturalmente previa una reforma constitucional.

Pero desde entonces casi nada se avanzó en resolver la crisis judicial y, es más, ahora se tendrá que repetir la elección de magistrados. Vale decir que pese al fracaso manifiesto de esa elección, se repetirá el error, en vez de haberlo corregido oportunamente, después, además, de haberlo reconocido.

Con esos antecedentes generales, el pueblo boliviano será convocado a repetir el error, en vez de haberlo corregido oportunamente y evitar, entre otros, un gasto de otros 150 millones de bolivianos en el evento, así como no repetir los resultados ya conocidos del fallido procedimiento, que no dejarán de presentarse.

Frente a esa delicada situación, la opinión pública podría considerar como innecesario cometer el error por segunda vez y, además, con amplio conocimiento de causa, por lo cual su asistencia a la elección podrá ser visiblemente disminuida o finalmente desairada con la abstención, el voto en blanco o el mismo voto en contra.

Por esas consideraciones la perspectiva de ese evento eleccionario podría ser postergado, sin contar que sus resultados serían, asimismo, un indudable indicador del sentimiento público para las elecciones generales del año 2019.

Finalmente, no hay que dejar de considerar la reforma de la justicia y, entre tanto, las disposiciones constitucionales deben ser cumplidas.