Oposición pedirá informe a Régimen Penitenciario

Los senadores y diputados de Unidad Demócrata pedirán desde una petición de informe a la Dirección de Régimen Penitenciario para que explique cómo autorizaron una entrevista a Gabriela Zapata hasta analizar acciones legales en contra de la mujer que este domingo acusó a los opositores de haber financiado la existencia de un hijo de Evo Morales que nunca existió.

“Rechazamos las infamias que ha dicho esa señora (Gabriela Zapata) sin prueba alguna. En este país el que acusa tiene que probar (…). Está claro que la palabra de esa señora vale 10 centavos”, declaró el diputado Wilson Santamaría.

Emplazó a Zapata a respaldar todo lo que dijo en los juzgados donde ella es procesada “o en aquellos que nosotros veamos necesarios”. Asimismo, dijo que se plantearán una petición de informe a la Dirección de Régimen Penitenciario para que responda cuál fue el curso para autorizar la entrevista al canal de televisión ATB.

¿Por qué se prefirió otorgar a esa casa televisiva la entrevista con Zapata? ¿Cómo se tramitó la entrevista? ¿Por qué la flexibilidad solo con ese medio de comunicación? cuestionó el legislador, para quien la “entrevista” fue un montaje solo para acusar a la oposición e implicar a un exasesor de las campañas electorales del MAS.

“Exigiremos pruebas de la señora. Pasa que la señora ha dicho lo que le han instruido”, afirmó el legislador, respecto a que Samuel Doria Medina´, el líder de su partido, hubiera financiado la historia del hijo de Morales que “nunca existió” y el caso de tráfico de influencias.

“Si los asesores de Evo y el MAS pensaban que iban a ganar con el publireportaje a Zapata se equivocaron. Sólo aumentarán la indignación”, dijo el senador Óscar Ortiz en su cuenta de Twitter. Zapata manifestó que el legislador al igual que Santamaría tenían permanente contacto con Eduardo León su exabogado a quien acusó de ser el intermediario con Doria Medina.

El diputado opositor manifestó que hoy “evaluarán para ver qué corresponde”, si amerita acciones legales por las sindicaciones sin pruebas que lanzó la expareja del presidente Morales, sostuvo.