Uno de los “movimientos sociales más fuerte” (sino el más poderoso) que formaba al “proceso de cambio” del tolderío oficialista, se ha convertido en un dolor de cabeza difícil de curar. Es más, ese movimiento indígena disidente se ha dividido y una de sus partes se ha levantado contra el mismo gobierno pidiendo solución particular al asunto de la producción de coca.
El problema surgió con motivo del estudio del proyecto de Ley de la Coca, destinado a sustituir la Ley 1008 en vigencia desde hace más de 20 años. En efecto, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de Ley por el cual se aumenta el cultivo de coca en las regiones tropicales del país de 12 a 20 mil hectáreas, proposición que en su detalle señaló que de ese total incrementado, 7 mil hectáreas serían autorizadas para el Chapare de Cochabamba y 13 mil hectáreas para los Yungas de La Paz, sugerencia que se convirtió en el punto de discordia entre las dos principales zonas de producción de la hoja de coca, maldita para unos y sagrada para otros.
La diferencia nació en La Paz y los cultivadores de la hoja hicieron conocer su protesta y destacaron dos aspectos: el primero que no se sabe “a dónde va a parar” la producción de coca del Chapare y el segundo que para esa región cochabambina se debe decretar la prohibición de su cultivo hasta llegar al punto de “coca cero”, con el argumento de que “no sabemos a dónde va la producción chapareña”, mientras es sabido que la yungueña tiene “mercados legales”.
Es más, el planteamiento de los cocaleros de La Paz, por medio de Adepcoca, sugirió que en los Yungas paceños cultiven la hoja de manera ilimitada, proposición que significó que este sector se ponga contra el gobierno, por un lado y declare, por otro, un estado de conflicto con el bloque de las cuatro federaciones de cocaleros del Chapare, cuyo presidente es Evo Morales Aima.
La protesta contra el proyecto de ley no quedó en palabras sino pasó a los hechos y para imponer su punto de vista, cientos de yungueños decidieron trasladarse a la sede del gobierno para imponer su decisión, al extremo de querer ocupar la plaza Murillo y a la vez a cercar el Parlamento, si continuaba el tratamiento de la medida.
Por si fuera poco, los agricultores yungueños (aludiendo falta de consenso) procedieron a acciones radicales y bloquear con vigilias el local Legislativo, obligando a sus autoridades a suspender el tratamiento del proyecto hasta nueva fecha, mientras los del Chapare empiezan a desenterrar sus instrumentos de combate para subir las áreas de cultivo de la hoja de coca “que no se sabe a dónde va, mientras la de Yungas tiene mercados conocidos”, según Adepcoca; esperándose que la sangre no llegue al río y se pueda recomponer la atomización del original pacto de unidad.
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