Violencia e impunidad en Achacachi

El alcalde Edgar Ramos se convirtió en la manzana de la discordia entre los vecinos de Achacachi y los denominados “Ponchos Rojos”. Ramos, ex policía y ex presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías, fue denunciado -por otra dirigente de ese sector- por haber transado el 2012 un conflicto con el Gobierno a cambio de la oferta de candidatear por el oficialismo a la Alcaldía de Achacachi.

En principio los vecinos le exigieron una rendición de cuentas de su gestión y ante su negativa bloquearon la carretera Achacachi-La Paz, a lo que siguieron actos de mayor violencia como la quema del domicilio y el vehículo de la autoridad. Antes de las 24 horas una turba de “Ponchos Rojos”, algunos armados con fusiles, irrumpieron al asalto en Achacachi, incendiando y saqueando casas y negocios en número de 36. La población estuvo sometida al terror por más de 24 horas, incluyendo la quema de la vivienda del presidente de Fejuve. Un nutrido destacamento de policías enviados de La Paz se limitó a presenciar los hechos sin asumir alguna acción.

Este escenario confirma que la Policía se ha convertido en una célula más del oficialismo, incapaz de detener los excesos cuando provienen de los sectores adictos al Gobierno, actitud que contrasta con la dura represión a los marchistas del Tipnis, discapacitados, cocaleros de Yungas, etc., etc.

Lo propio ocurrió con la comisión de fiscales en la misma localidad, no obstante que dice haber identificado a los autores intelectuales y materiales de estos vandálico sucesos que, en el mismo sentido, son moneda de uso corriente en el país por el desborde de los sectores “empoderados” por el Gobierno o de sus directos aliados. A su vez, dicho proceder de los fiscales es una de sus nítidas características en la actualidad.

Otra grave denuncia contra los Ponchos Rojos es haber vertido veneno en el estanque que provee agua para el consumo en Achacachi. Los fiscales aducen que el lavado y descontaminación de ese reservorio no les permitió tomar muestras. Entretanto el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto se constituyó en mediador en la beligerancia. Sin embargo, no se sabe a qué conclusiones se podría llegar, pues jamás los “movimientos sociales” responden por sus excesos y menos por daños materiales. Lo único claro es la determinación de los vecinos de exigir la dimisión del Alcalde, pero mientras cuente con al auxilio de los Ponchos Rojos, esa posibilidad se presenta como remota, a menos que el Gobierno le imponga su renuncia.