Alcaldía propone transferencia de fondos de bono para discapacitados

El municipio de La Paz propone al Gobierno central se le transfiera los dineros del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) para cofinanciar proyectos en favor de la población con discapacidad y posibilitar el pago del bono mensual de Bs 250, planteado mediante un proyecto de ley remitido a la Asamblea del Estado.

“Estamos planteando que si estos recursos se transfieren a los municipios, los bonos serán posibles de cofinanciarse. Los municipios pondremos nuestra parte y el Gobierno también, para que, de manera solidaria, los distintos niveles del Estado podamos garantizar estos beneficios a todas las personas con discapacidad”, declaró ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

La propuesta municipal es resultado del análisis técnico efectuado de manera conjunta con el Concejo Ciudadano Municipal de la Persona con Discapacidad, como instancia municipal legalmente facultada para articular y concertar proyectos, programas y políticas locales en beneficio de la población con discapacidad.

Revilla reiteró que no se opone al bono de Bs 250 para la población discapacitada planteado por el Gobierno y que con la transferencia de los Bs40 millones del FNSE sería posible realizar proyectos que permitan hacer sostenible ese beneficio, además de mejorar las inversiones efectuadas con esos dineros.

“Las políticas que se hacen desde el nivel central del Estado hacia las personas con discapacidad no son del todo efectivas. Los proyectos ejecutados con estos recursos no han tenido los resultados ni generado los impactos esperados”, apuntó la autoridad.

A modo de ejemplo, refirió la instalación de panaderías con características inadecuadas para esta población, o proyectos de vivienda social que no guarda relación con el impacto esperado.

LEY MUNICIPAL

Sobre la base de los resultados de análisis técnico efectuado, la comuna elabora su propia Ley de Beneficios a la Persona con Discapacidad, normativa que establecerá las condiciones y características del subsidio al que deben acceder. Aspectos no precisados en la Ley Nacional.

Formuló la necesidad de auditar el uso de los recursos destinados para la población con discapacidad y, en adelante, entregar esos fondos a los municipios para ejecutar proyectos acordes con la realidad concreta esa población.

De este modo, la obligación del Estado para con la población discapacitada, que también es parte de la recomendación de Naciones Unidas, pueda cumplirse de manera coordinada con los distintos niveles de la administración pública.

En este contexto, el Alcalde de La Paz reiteró la ineludible necesidad de efectuar un censo que proporcione datos y estadísticas precisas sobre el número de personas discapacitadas existentes en el municipio, los grados de discapacidad y los beneficios que les correspondería de acuerdo con el grado de afectación.

CARNETIZACIÓN

Tomasa Portugal, representante del Concejo Ciudadano Municipal de la Persona con Discapacidad, señaló que a partir de las recomendaciones efectuadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, documento CRPD/c/BOL/CO/1 del 30 de agosto de 2016, el Estado debe realizar una Ley que especifique todas las necesidades de las personas con discapacidad en sus distintos grados.

A su vez, Magaly Pérez, representante de las personas con discapacidad mental, expresó la preocupación del organismo internacional por las condiciones de pobreza en las que viven por lo menos el 80% de esta población. Por tanto, indica que se deben tomar medidas para que mejoren las condiciones de vida de este sector con prioridad.