Alcaldías, bonos y discapacitados

Los discapacitados del país sufren las consecuencias de sus problemas físicos, de la pobreza, de falta de atención debida en salud y, sobre todo, del abandono por parte del gobierno central que ha visto hasta con indiferencia que durante tres meses soporten frío, lluvias, enfermedades y otros problemas y que solo por la solidaridad de los habitantes de La Paz y su Alcaldía han conseguido aliviar su situación. Sin haber conseguido sensibilizar de alguna manera al gobierno para que les otorgue un bono mensual que alivie mínimamente sus necesidades, se han retirado de la ciudad de La Paz con las manos vacías y las esperanzas frustradas.

Los discapacitados tienen derecho a recibir sustento y atención permanente de las autoridades de gobierno no solamente por su situación de verse imposibilitados de ganar el diario sustento en un trabajo, aunque muchos de ellos pueden realizar labores manuales de todo tipo, no pueden seguir padeciendo lo que sufren.

El gobierno, a modo de reparar lo injusto que fue con ellos, ha decidido “otorgarles” un bono mensual de doscientos cincuenta bolivianos mensuales pagaderos por las Alcaldías que no tienen el deber de hacerlo, no solamente porque no tienen dinero sino porque no hay legislación que las obligue a cubrir necesidades de quienes se ven en la urgencia de ser dependientes parciales o absolutos.

Lo grave es que el gobierno podía muy bien atender el pago de los bonos en vez de utilizar muchísimos millones de dólares en la construcción de obras innecesarias y prescindibles para el país, cual es el caso de un “museo personal”, el “bombardeo a nubes que nunca hicieron llover”, gastos ostentosos en edificios faraónicos y lujosos como es ampliación del palacio presidencial, del Legislativo, construcción de ministerios y otros porque con las instalaciones que tienen es más que suficiente.

Atender las urgencias y necesidades de los discapacitados debe ser obligación del gobierno y no de las Alcaldías que están en crisis porque han visto reducidos sus presupuestos y apenas cuentan con lo estrictamente necesario para atender programas de mantenimiento y realización de obras imprescindibles. Si el gobierno busca que las Alcaldías cubran el bono de los discapacitados, debería proporcionarles los montos necesarios conjuntamente lo que se precise para pagar a personal que se dedique a atender una obligación prácticamente impuesta y que no le corresponde.

Sería importante que el gobierno, a modo de rectificar los malos procedimientos durante tres meses con los discapacitados, tome a su cargo el pago de bonos y no descargue su responsabilidad sobre quienes no tienen por qué atenderlo; rehuir la propia responsabilidad es aplicar, simplemente, las fórmulas del nomeimportismo y la insolidaridad.