La abogada Carmen Lara informó que el pasado lunes presentó una denuncia formal ante el Comando General de la Policía Boliviana, en contra del Jefe de la Policía Fronteriza de Guanay por un supuesto caso de acoso sexual y abuso deshonesto en estado de ebriedad contra dos adolescentes menores de edad.
La profesional dijo representar a la madre de las dos menores víctimas, que la semana pasada fueron interceptadas al retornar de una zona llamada Miguel Dólin, donde la Policía procedió a inspeccionar y levantar sospechas de la existencia de sustancias blanquecinas. Luego las habrían trasladado a dependencias policiales, donde recibieron insinuaciones de relaciones sexuales.
Precisó que su demanda fue presentada contra el capitán Orlando H. O.; y tres policías de bajo rango Daniel Ch., Fredy S.M. y Willy Q., estos últimos involucrados en la incautación de un celular y 500 bolivianos a las menores de edad. El caso está en conocimiento del inspector General de la Policía, Gary Omonte que tiene el memorial de la denuncia junto a algunas evidencias, indicó la abogada.
Explicó que tras conocer la versión de la víctima y antes de presentar la denuncia, se acercó ante el Jefe Policial a objeto de recuperar el dinero, el celular y encontró a esa autoridad policial en estado de ebriedad y con fuerte aliento alcohólico. Horas después, a través de sus subalternos, le hizo llegar el objeto y el dinero reclamado bajo firma de recibo.
Dijo que durante el desempeño de sus servicios profesionales no es la primera vez que escucha de abusos de autoridad policial. En una oportunidad, los mismos efectivos procedieron a rociar una excesiva cantidad de gas a los ojos de una persona que se encontraba en ebriedad y ante el reclamo de la misma abogada, los policías tuvieron que pagar el costo de pasajes para la atención médica de emergencia en La Paz.
“Le han pagado los gastos de su curación”, declaró al dar cuenta que otro de los abusos que se comete es el cobro de hasta 2.000 dólares a los propietarios de vehículos que circulan sin placa, en un claro intento de extorsión.
Sostuvo que tanto en el caso de las menores como en el control de vehículos sin placa, hay un abuso de autoridad y usurpación de funciones, porque en el primer caso debió derivar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que existe en la población, y en el segundo, llamar a las autoridades que corresponda.
La abogada, a tiempo de admitir que incluso puede ser víctima de represalias por esta denuncia, exhortó a la población a no tener temor y denunciar abusos en el pueblo, sugiriendo un cambio del actual cuerpo policial acantonado en esa población, ubicada al norte de La Paz. (Erbol)
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