Desarrollo Rural asume más poder para controlar el circuito de la coca

La nueva Ley General de la Coca empodera al Ministerio de Desarrollo Rural para ejercer acciones de control desde la producción y comercialización hasta destino final de toda la coca que vayan a generar las 22.000 hectáreas en La Paz y Cochabamba.

La ley que fue remitida al presidente Evo Morales para su promulgación constitucional, ordena al Ministerio implementar el Registro Único de Productores al Detalle y de Comerciantes al Detalle de la hoja de coca.

El objetivo es fiscalizar el origen y destino de la hoja de coca, estableciendo las rutas de circulación y cantidades de hoja de coca para la comercialización, transporte y porte desde los centros de producción a los mercados autorizados y de estos hasta su destino final para el consumo.

Para financiar estas actividades, se aprobó la tasa administrativa a la coca que cobrará el Ministerio por concepto de servicios administrativos de regulación, fiscalización y control a la comercialización e industrialización de la hoja de coca. El cálculo, condiciones y aplicación de la tasa administrativa será definido mediante reglamentación específica.

También genera un marco institucional a partir de la creación del Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca (Concoca) bajo responsabilidad del Ministerio, para definir las políticas nacionales de revalorización, producción, comercialización, investigación e industrialización de la coca.

Asimismo, constituye el Centro de Investigación Integral de la Coca del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para realizar investigaciones y el desarrollo tecnológico productivo en coca. Este centro comenzará a operar en un plazo de 180 días calendario. Para ese propósito se declara prioridad nacional la revalorización de la coca.

La ley da por finalizada la labor del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) que será sustituido por el Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin) a reglamentarse mediante un decreto supremo en el plazo de 90 días. Entre tanto, seguirá funcionado con actuales procedimientos.

Mientras el Ministerio reglamente la aplicación de las tasas administrativas de la coca, la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca - Digcoin, se financiará bajo su estructura actual de ingresos.

Un artículo transitorio indica que la coca decomisada antes de la vigencia de la esta ley y que se encuentra bajo custodia del Ministerio deberá ser incinerada en el plazo y forma que una reglamentación específica, señala. (Erbol)