La crisis económica que afecta al mundo encontró entre sus primeras víctimas a municipios y gobernaciones de nuestro país que han visto reducidos sus ingresos debido a menor participación del IDH y menos transferencias del Tesoro Nacional, habida cuenta que ambas instituciones del país han dependido mucho de las transferencias estatales para cubrir sus necesidades y, sobre todo, para inversiones en infraestructura.
Pero la verdad es que no solamente hay que atribuir a la crisis la situación de gobernaciones y municipios sino, muy especialmente, a la falta de gestión y menor capacidad administrativa demostrada por sus diferentes autoridades no solamente en los últimos diez años sino en tiempos pasados. La manía de ser dependientes, de esperar qué hace el gobierno central, de atenerse a préstamos y logro de dineros por efecto de convenios especiales con organismos internacionales y otros, han determinado que prefectos (hoy gobernadores) y alcaldes se sientan seguros de contar con lo “suficiente y necesario” para atender sus requerimientos.
Es un hecho reconocido que en la mayoría de las prefecturas o gobernaciones y alcaldías municipales -al igual que en el gobierno central- han faltado las condiciones de planificación, profesionalismo, utilización de medios financieros debidamente con el cumplimiento estricto de presupuestos que debieron ser formulados conforme a realidades, que han determinado fracaso de muchas gestiones y, además, generalmente con el resultado de déficits debidos a que se ha dado importancia mayor a los gastos corrientes que, en casos, han subido en exceso, especialmente en rubro de sueldos y salarios porque se buscó “favorecer al partido o escuchar voces del gobierno central para emplear a la mayor cantidad de personas”.
La burocracia en prefecturas y alcaldías, especialmente en las que funcionó casi dictatorialmente “el partido en función del poder central”, que disponía “emplear a la gente del partido sin importar el aumento de la burocracia”, ha incidido seria y definitivamente para que todo presupuesto fracase y jamás den resultado los formulados con base en determinada planilla que no preveía incrementos dispuestos por razones exclusivamente político-partidistas.
Obras de infraestructura, caminos vecinales, arreglo de avenidas y calles, parques y edificios educativos, atención de hospitales y construcción de infraestructura han disminuido por carencia de dinero debido a que la mayoría de los fondos fue destinada a gastos corrientes. Así, ningún presupuesto puede alcanzar éxitos.
Un panorama positivo fue posible gracias a que las materias primas mantuvieron precios excepcionales, y los efectos que señalamos por el uso de recursos bajo esas condiciones ahora pesan cuando los ingresos del país han bajado y se ha recortado los ingresos para las alcaldías, gobernaciones y universidades.
Ahora, en situación de crisis, son las gobernaciones y los municipios los que tienen que adoptar políticas que permitan utilizar racionalmente los escasos recursos. Lo racional y lógico sería disminuir la planta de empleados que solo obedecen a “programas partidistas” que a necesidades y urgencias institucionales; pero hay que convenir que la medida acarrearía desempleo que agrava seriamente la situación general del país.
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