Protegerán a combatientes de FARC cuando dejen armas

Bogotá.- Un máximo de 1.200 escoltas protegerán a los miembros del movimiento o partido político que creen las FARC tras dejar las armas, así como a sus familias y sedes, muchos de los cuales serán exguerrilleros, informó ayer el director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP), Diego Mora.

En una entrevista con Caracol Radio, Mora explicó que esos esquemas de seguridad serán “mixtos”, por lo que contarán con personal de la UNP y reincorporados de las FARC.

Mora resaltó que solo podrán ser escoltas las personas de confianza de los desmovilizados.

Sin embargo, mencionó que “no cualquiera” podrá ser escolta, puesto que ninguno de estos nuevos miembros puede tener en curso ningún proceso penal ni condenas previas por delitos de lesa humanidad.

ENTRENAMIENTO

Asimismo, Mora aseguró que aquellos que quieran entrar al programa de escoltas deberán pasar “pruebas psicológicas, físicas, psicotécnicas y de confiabilidad”, además de un entrenamiento de dos meses.

“Estos escoltas serán de libre nombramiento y relación y no están exentos de que haya una alta rotación de ellos. Además no solo habrá exguerrilleros sino otras personas que los protegidos consideren que les sirvan y que confíen en ellos”, agregó.

Los esquemas de protección hacen parte de la negociación de los acuerdos de paz con las FARC, firmados el pasado 24 de noviembre, según recordó Mora.

DESARME EN JUNIO

Más temprano, la ministra de Exteriores de Colombia, María Angela Holguín, confirmó que se planea completar en junio próximo “el desarme y desmovilización total” de los guerrilleros de las FARC para que puedan reincorporarse a la vida civil.

“La paz tiene resultados palpables, como la movilización de 7.000 guerrilleros a las zonas donde dejarán sus armas bajo la observación del mecanismo tripartito coordinado por la ONU”, dijo la ministra en la inauguración de la 34ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Reconoció que el proceso que ha emprendido Colombia no es fácil y que, como en otras experiencias de posconflicto, las etapas iniciales -destinadas a la desmovilización, el desarme y la reintegración- tienen una “alta complejidad política, logística y de seguridad”.

Mencionó que la geografía colombiana hace que las cuestiones logísticas sean particularmente complejas, pero garantizó: “Cumpliremos con los plazos acordados”.

Holguín consideró que ello es fundamental para “mantener el apoyo nacional e internacional a los acuerdos”.

Los esfuerzos por asentar la paz en Colombia afrontan desafíos adicionales, reconoció la ministra, al mencionar casos recientes de amenazas y asesinatos de líderes sociales.

“Esto nos preocupa de manera especial. Hemos creado una comisión para hacer el seguimiento en cada caso y hemos pedido a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos que participe con la Fiscalía de la Nación”, explicó.

Por otra parte, Holguín garantizó ante el foro de la ONU que la jurisdicción especial para la paz creada en el contexto de los acuerdos de paz “satisface integralmente” las obligaciones de Colombia en cuestiones de investigación, procesamiento y sanciones por violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“Esta jurisdicción será independiente, legítima y del más alto nivel”, enfatizó.

“El balance entre justicia y paz no es fácil, pero podemos decir que en Colombia no habrá impunidad”, concluyó. (EFE)